viernes, 26 de octubre de 2012

Independencia

Acabo de leer un artículo de Emilio Campmany en el que, con un cierto aire de hastío, pasa a engrosar la cada vez más amplia lista de españoles no catalanes que piden un referéndum de independencia para Cataluña. Ya está bien de chantajes catalanistas, dice, por lo que, si lo que quieren es largarse, lo mejor que podemos hacer es establecer un sistema por el que esto se pueda lograr dentro de la legalidad.

Argumenta don Emilio que hay dos formas de conseguir este objetivo: o se reforma la Constitución para definir mecanismos legales por el que las comunidades autónomas puedan acceder a la independencia, o se plantea un referéndum para conocer los deseos de los catalanes, y si resulta que son favorables a la independencia (y sólo entonces) se acomete la reforma de la Constitución. Por una simple cuestión de economía política y monetaria es favorable don Emilio a esta segunda opción: sólo se reformaría la Constitución en caso de que los catalanes quisieran irse.

Lo que don Emilio parece querer ignorar es que ambas opciones precisan cambios constitucionales previos. Bueno, en sentido estricto solamente. Estamos demasiado acostumbrados a que la Constitución se retuerza, se estruje y se exprima para que diga exactamente aquello que queramos que diga; visto de esa manera, no sería necesario cambiar la Constitución para nada.

Pero imaginemos por un momento que tenemos un Tribunal Constitucional que, en un ataque de responsabilidad, ha decidido tomarse en serio su trabajo. Entonces, no podrían dejar de pasar por alto el artículo 1.2, donde se establece que La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado. Y este artículo tan breve y conciso no quiere decir otra cosa que los dueños de España son los españoles; o, dicho de una forma más concisa, que los dueños de TODA España son TODOS los españoles; todos los españoles tenemos nuestra parte proporcional de propiedad de cada parte de España.

Por más que se empeñen, los catalanes no son los dueños de Cataluña, de la misma manera que los asturianos no son los dueños de Asturias ni los extremeños los dueños de Extremadura; porque, además, ¿quiénes son los catalanes? ¿Es catalán sólo el que está empadronado allí? Entonces, ¿qué hacemos con los catalanes que, por motivo de trabajo, o familiares, o por lo que sea, han tenido que irse y están empadronados en, por ejemplo, Cáceres? ¿Les dejamos votar o no? Aunque también podemos considerar catalanes a aquellos que han nacido en Cataluña, solo que en ese caso, ¿qué hacemos con Montilla o Durán y Lleida? ¿Les dejamos votar, o ellos no son catalanes? Pues tenemos un problema. ¿Y aquellos que tienen raíces catalanas (padres, abuelos, bisabuelos...) pero han nacido en Teruel? ¿No tienen nada que decir sobre el futuro de la tierra de sus ancestros?

Un referéndum en España estaría mucho más claro: votan aquellos que tengan nacionalidad española, independientemente de dónde hayan nacido y de dónde residan, pero en Cataluña no existe nada parecido a una nacionalidad catalana, por lo que cualquier intento de establecer un censo de votantes para el referéndum es, por definición, arbitrario e injusto. Por eso la soberanía de España reside en todo el pueblo español: porque las decisiones que afectan al territorio de cualquier parte de españa afecta, directa o indirectamente, a todos los españoles.

Por eso, señor Campmany, con el sistema constitucional que poseemos, no es posible realizar un referéndum de autodeterminación sólo en Cataluña. Por eso debemos empezar a preocuparnos un poco más de nuestros conciudadanos, que están siendo sistemáticamente engañados por una clase política corrupta que les asegura que la independencia les convertirá en Suiza, cuando lo más posible es que no lleguen a ser más que Albania.

Reconozco que es tentador tirar por el camino fácil y pretender deshacernos de los catalanes con la excusa de que no podemos estar siempre cediendo al chantaje, pero son españoles, de la misma manera que el resto, y como tales, merecen que les protejamos igual que si viviesen en Santander.

Aunque eso incluya protegerlos de los mismos políticos sin escrúpulos a quienes ellos mismos han votado.

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