Independencia

Acabo de leer un artículo de Emilio Campmany en el que, con un cierto aire de hastío, pasa a engrosar la cada vez más amplia lista de españoles no catalanes que piden un referéndum de independencia para Cataluña. Ya está bien de chantajes catalanistas, dice, por lo que, si lo que quieren es largarse, lo mejor que podemos hacer es establecer un sistema por el que esto se pueda lograr dentro de la legalidad.

Argumenta don Emilio que hay dos formas de conseguir este objetivo: o se reforma la Constitución para definir mecanismos legales por el que las comunidades autónomas puedan acceder a la independencia, o se plantea un referéndum para conocer los deseos de los catalanes, y si resulta que son favorables a la independencia (y sólo entonces) se acomete la reforma de la Constitución. Por una simple cuestión de economía política y monetaria es favorable don Emilio a esta segunda opción: sólo se reformaría la Constitución en caso de que los catalanes quisieran irse.

Lo que don Emilio parece querer ignorar es que ambas opciones precisan cambios constitucionales previos. Bueno, en sentido estricto solamente. Estamos demasiado acostumbrados a que la Constitución se retuerza, se estruje y se exprima para que diga exactamente aquello que queramos que diga; visto de esa manera, no sería necesario cambiar la Constitución para nada.

Pero imaginemos por un momento que tenemos un Tribunal Constitucional que, en un ataque de responsabilidad, ha decidido tomarse en serio su trabajo. Entonces, no podrían dejar de pasar por alto el artículo 1.2, donde se establece que La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado. Y este artículo tan breve y conciso no quiere decir otra cosa que los dueños de España son los españoles; o, dicho de una forma más concisa, que los dueños de TODA España son TODOS los españoles; todos los españoles tenemos nuestra parte proporcional de propiedad de cada parte de España.

Por más que se empeñen, los catalanes no son los dueños de Cataluña, de la misma manera que los asturianos no son los dueños de Asturias ni los extremeños los dueños de Extremadura; porque, además, ¿quiénes son los catalanes? ¿Es catalán sólo el que está empadronado allí? Entonces, ¿qué hacemos con los catalanes que, por motivo de trabajo, o familiares, o por lo que sea, han tenido que irse y están empadronados en, por ejemplo, Cáceres? ¿Les dejamos votar o no? Aunque también podemos considerar catalanes a aquellos que han nacido en Cataluña, solo que en ese caso, ¿qué hacemos con Montilla o Durán y Lleida? ¿Les dejamos votar, o ellos no son catalanes? Pues tenemos un problema. ¿Y aquellos que tienen raíces catalanas (padres, abuelos, bisabuelos...) pero han nacido en Teruel? ¿No tienen nada que decir sobre el futuro de la tierra de sus ancestros?

Un referéndum en España estaría mucho más claro: votan aquellos que tengan nacionalidad española, independientemente de dónde hayan nacido y de dónde residan, pero en Cataluña no existe nada parecido a una nacionalidad catalana, por lo que cualquier intento de establecer un censo de votantes para el referéndum es, por definición, arbitrario e injusto. Por eso la soberanía de España reside en todo el pueblo español: porque las decisiones que afectan al territorio de cualquier parte de españa afecta, directa o indirectamente, a todos los españoles.

Por eso, señor Campmany, con el sistema constitucional que poseemos, no es posible realizar un referéndum de autodeterminación sólo en Cataluña. Por eso debemos empezar a preocuparnos un poco más de nuestros conciudadanos, que están siendo sistemáticamente engañados por una clase política corrupta que les asegura que la independencia les convertirá en Suiza, cuando lo más posible es que no lleguen a ser más que Albania.

Reconozco que es tentador tirar por el camino fácil y pretender deshacernos de los catalanes con la excusa de que no podemos estar siempre cediendo al chantaje, pero son españoles, de la misma manera que el resto, y como tales, merecen que les protejamos igual que si viviesen en Santander.

Aunque eso incluya protegerlos de los mismos políticos sin escrúpulos a quienes ellos mismos han votado.

¿Qué es lo que proponen?

Las crisis económicas son el caldo de cultivo ideal para todo tipo de protestas. Cuando las cosas van bien nadie se acuerda de las injusticias, de la corrupción o de las carencias del sistema; sólo queremos hacer nuestra vida y que nadie nos toque mucho las narices: los políticos ya sabemos que son un mal menor con el que tenemos que cargar, porque asumimos que, de uno u otro signo, todos son iguales. Pero cuando nuestro bolsillo comienza a resentirse… por ahí sí que no pasamos: cualquier noticia se convierte en un desencadenante de una movilización, una protesta, una manifestación, una ocupación…

Cuando no es un desahucio es una subida de precios, y cuando no, una congelación de pensiones. Pero la mayor parte de las veces son simplemente noticias económicas de las que no tenemos mucha idea de su efecto real: nos van mal las cosas, por lo que cualquier intento de solucionarlas tiene que ser, por definición, perjudicial.

En ese contexto se deben entender las últimas protestas encabezadas por los sindicatos en contra de las medidas económicas del gobierno, en general, y de los Presupuestos, en particular, y, en concreto, del chantaje lanzado según el cual, o se convoca un referéndum para preguntar a los ciudadanos por las medidas económicas o plantearán una huelga general.

Dejemos de lado el hecho de que, según van pasando las distintas huelgas generales, su apoyo va siendo cada vez más minoritario, y centrémonos en qué es lo que significaría convocar un referéndum para preguntar por la política económica. En primer lugar, deberían habernos dicho qué pregunta plantearían. No me imagino una papeleta de voto en la que nos hiciesen desglosar nuestra propuesta de Presupuestos Generales. No: una pregunta de referéndum debe ser simple, clara y concisa; debe poder responderse con un sí o un no. Y está claro que por ahí van las cosas: supongo que la pregunta debería ser algo así como “¿Está usted de acuerdo con las medidas económicas que está tomando el Gobierno para solucionar la crisis?”

A partir de aquí, de todas formas, es cuando se abre el abismo. Supongamos que los sindicatos tienen razón y el grueso de la población, indignadísima, vota en masa que no. ¿Qué política económica se sigue a partir de entonces? ¿La de los sindicatos? Supongo que para algunos el colmo de la democracia sería deslegitimar las acciones de gobierno de alguien que ha conseguido más del 40% de los votos en una elecciones generales y aplicar otras medidas económicas de alguien que no ha sido votado por nadie.

Otro tanto puede decirse de esos “movimientos ciudadanos” con nombres alfanuméricos como 15M o 25S, que se han decidido a rodear el Congreso de los Diputados al grito de “no nos representan”. Cierto es que muchos de los que allí se sientan forman ya parte de una especie de casta funcionarial cada vez más parecida a las nomenklaturas de los regímenes soviéticos, pero, de mejor o peor forma, han sido elegidos por cerca del 70% de los ciudadanos. Si ellos no nos representan, ¿quién lo hace? ¿Los de las asambleas de barrio? ¿Quieren decir que veinte tíos que se reúnen un buen día en una jaima en la Puerta del Sol están legitimados para decidir cuál va a ser mi futuro? Y claro, yo no tengo nada que decir al respecto ¿no?

Me da mucho miedo esta crisis. Me aterra la posibilidad de que esta situación económica se enquiste y, como decía en un post anterior, acabemos condenados a la pobreza. Pero me da mucho más miedo que eso sirva como excusa para que unos salvapatrias sin escrúpulos se arroguen el derecho de decidir cuál va a ser el futuro de mi país. El populismo barato enraíza muy fácilmente en la gente desesperada, pero es deber de los que aún no lo estamos denunciar a los farsantes que se aprovechan de una situación muy difícil para imponer sus ideas sin tener ni la más mínima legitimidad para ello.

NOTA: Cuando hablo de “Los Sindicatos” así, en genérico, me estoy refiriendo, cómo no, exclusivamente a UGT y CCOO. Me repugna esta forma de hablar, pero está tan establecida que resulta difícil no caer en ella. Trataré de comentar en otro post esta forma totalitaria de entender la representación política.