Resumiendo las dos entradas anteriores del tema, el actual sistema electoral no beneficia a los partidos nacionalistas minoritarios, sino a los grandes partidos nacionales. Por el contrario, un sistema puramente proporcional que asignase los escaños en función del total de votos obtenidos a nivel nacional, haría proliferar partidos minoritarios que acabarían con la gobernabilidad.
¿Cuáles podrían ser, entonces, las alternativas para evitar esta desproporcionada influencia de los nacionalistas? A mi juicio, sólo dos. La primera, que he oído reiteradamente en muchas tertulias y columnas de opinión pasaría por aplicar un sistema de doble mínimo, de forma que, para conseguir representación parlamentaria, no sólo se debería obtener un mínimo de un 5% de votos en cada circunscripción sino también en el total nacional. Con estos números, el parlamento quedaría copado por PSOE y PP, ya que el tercer partido en número de votos (IU) obtuvo únicamente el 3,84%. Si se redujese el porcentaje mínimo al 3% entrarían en el parlamento IU y CiU, con un total de 24 escaños entre los dos, lo que les daría una fuerza evidente a la hora de constituirse en partidos bisagra, sobre todo en momentos como los actuales, de gran equilibrio entre los dos partidos mayoritarios.
De todas formas, un sistema que limite por ley la capacidad de un partido para acceder al parlamento estableciendo una línea de corte en el porcentaje de votos necesarios incluso antes de que se celebren las elecciones volvería a conculcar el sistema de "un hombre, un voto", ya que un voto emitido a una lista poco representada no será en ningún caso tenida en cuenta. A todos aquellos que protestan por la poca calidad democrática del sistema actual no les puede valer un sistema en el que sólo se admite el voto a los partidos mayoritarios (que han llegado a serlo, por otro lado, gracias a un sistema de concentración de voto, eliminando listas minoritarias circunscripción a circunscripción).
La segunda opción pasa por aplicar el principio democrático de la división de poderes. Actualmente es el poder legislativo el que, mediante una votación interna en las cortes designa al ejecutivo. Esto es así porque, según la Constitución Española las cortes son la sede de la soberanía nacional; es decir, son las cortes, en su calidad de representantes de la soberanía las que eligen al gobierno. Dicho de otro modo, es el poder legislativo el que elige al ejecutivo, y, como a su vez, elige tembién al judicial, no existe una división real de poderes.
¿Qué pasaría si las elecciones legislativas nada tuviesen que ver con el gobierno? ¿Y si en estas elecciones sólo se eligiesen a los parlamentarios y senadores, y el Presidente del Gobierno fuese elegido en unas elecciones presidenciales aparte? En este caso, el presidente podría ser elegido por un sistema proporcional de doble vuelta, de forma que la formación de gobierno no dependiese del chantaje de ningún grupo político. De esta forma, además, se elegiría a una persona como Presidente de Gobierno, no a un partido político. Y de esta forma, además, no habría ningún problema en que en las Cortes proliferasen partidos minoritarios (nacionalistas o no), ya que dejarían de tener influencia sobre el gobierno.
Cierto es que la redacción y aprobación de las leyes volvería a estar en manos de estos grupos minoritarios, pero, en un sistema con una efectiva separación de poderes, esto no debería ser un problema. En España tenemos la costumbre de redactar leyes para todo. Como todo debe estar aprobado por el parlamento, todo debe ser convertido en ley. Pero un gobierno no debería aprobar leyes para cualquier actuación; un gobierno debería gobernar con decretos, y dejar las leyes para donde se tienen que aplicar: en el ámbito judicial.
Por tanto, tres medidas son imprescindibles para normalizar y asentar la vida democrática: Un sistema de elección presidencial a doble vuelta, un sistema puramente proporcional para las cortes y un sistema de gobierno por decretos, vigilado y regulado por el parlamento y los jueces. Esto es: separación efectiva de poderes.
Si a alguien le parece que este sistema realmente no cambiaría nada, ya que el presidente del gobierno saldría elegido invariablemente de entre las filas del partido más votado, le invitaría a hacer la reflexión siguiente: ¿En qué posición habría quedado Rosa Díez si estas últimas elecciones hubiesen sido presidenciales? ¿Cuánta gente no la ha votado simplemente porque su partido no tenía ninguna oportunidad de gobernar?
Queda en el aire la pregunta.
¿Cuáles podrían ser, entonces, las alternativas para evitar esta desproporcionada influencia de los nacionalistas? A mi juicio, sólo dos. La primera, que he oído reiteradamente en muchas tertulias y columnas de opinión pasaría por aplicar un sistema de doble mínimo, de forma que, para conseguir representación parlamentaria, no sólo se debería obtener un mínimo de un 5% de votos en cada circunscripción sino también en el total nacional. Con estos números, el parlamento quedaría copado por PSOE y PP, ya que el tercer partido en número de votos (IU) obtuvo únicamente el 3,84%. Si se redujese el porcentaje mínimo al 3% entrarían en el parlamento IU y CiU, con un total de 24 escaños entre los dos, lo que les daría una fuerza evidente a la hora de constituirse en partidos bisagra, sobre todo en momentos como los actuales, de gran equilibrio entre los dos partidos mayoritarios.
De todas formas, un sistema que limite por ley la capacidad de un partido para acceder al parlamento estableciendo una línea de corte en el porcentaje de votos necesarios incluso antes de que se celebren las elecciones volvería a conculcar el sistema de "un hombre, un voto", ya que un voto emitido a una lista poco representada no será en ningún caso tenida en cuenta. A todos aquellos que protestan por la poca calidad democrática del sistema actual no les puede valer un sistema en el que sólo se admite el voto a los partidos mayoritarios (que han llegado a serlo, por otro lado, gracias a un sistema de concentración de voto, eliminando listas minoritarias circunscripción a circunscripción).
La segunda opción pasa por aplicar el principio democrático de la división de poderes. Actualmente es el poder legislativo el que, mediante una votación interna en las cortes designa al ejecutivo. Esto es así porque, según la Constitución Española las cortes son la sede de la soberanía nacional; es decir, son las cortes, en su calidad de representantes de la soberanía las que eligen al gobierno. Dicho de otro modo, es el poder legislativo el que elige al ejecutivo, y, como a su vez, elige tembién al judicial, no existe una división real de poderes.
¿Qué pasaría si las elecciones legislativas nada tuviesen que ver con el gobierno? ¿Y si en estas elecciones sólo se eligiesen a los parlamentarios y senadores, y el Presidente del Gobierno fuese elegido en unas elecciones presidenciales aparte? En este caso, el presidente podría ser elegido por un sistema proporcional de doble vuelta, de forma que la formación de gobierno no dependiese del chantaje de ningún grupo político. De esta forma, además, se elegiría a una persona como Presidente de Gobierno, no a un partido político. Y de esta forma, además, no habría ningún problema en que en las Cortes proliferasen partidos minoritarios (nacionalistas o no), ya que dejarían de tener influencia sobre el gobierno.
Cierto es que la redacción y aprobación de las leyes volvería a estar en manos de estos grupos minoritarios, pero, en un sistema con una efectiva separación de poderes, esto no debería ser un problema. En España tenemos la costumbre de redactar leyes para todo. Como todo debe estar aprobado por el parlamento, todo debe ser convertido en ley. Pero un gobierno no debería aprobar leyes para cualquier actuación; un gobierno debería gobernar con decretos, y dejar las leyes para donde se tienen que aplicar: en el ámbito judicial.
Por tanto, tres medidas son imprescindibles para normalizar y asentar la vida democrática: Un sistema de elección presidencial a doble vuelta, un sistema puramente proporcional para las cortes y un sistema de gobierno por decretos, vigilado y regulado por el parlamento y los jueces. Esto es: separación efectiva de poderes.
Si a alguien le parece que este sistema realmente no cambiaría nada, ya que el presidente del gobierno saldría elegido invariablemente de entre las filas del partido más votado, le invitaría a hacer la reflexión siguiente: ¿En qué posición habría quedado Rosa Díez si estas últimas elecciones hubiesen sido presidenciales? ¿Cuánta gente no la ha votado simplemente porque su partido no tenía ninguna oportunidad de gobernar?
Queda en el aire la pregunta.
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