martes, 10 de diciembre de 2013

Normas de quita y pon

Una de las maneras (creo yo) de calibrar la incompetencia de un gobierno es estar al tanto de sus cambios de opinión. Lamentablemente, todos los gobiernos que hemos tenido han debido dar marcha atrás en muchas de sus propuestas ante la imposibilidad de aplicarlas, el rechazo popular o su coste desmesurado; pero creo que es de justicia darle al gobierno actual el primer premio en cuanto a globos sonda, desmentidos, acotamientos y cambios de rumbo.

Equivocarse es humano, dicen, y rectificar es de sabios. Lo que pasa es que muchas veces las rectificaciones lo que ponen de manifiesto es lo innecesario de muchas de las decisiones que se toman. Cuando se decide, por ejemplo, subir el impuesto de carburantes argumentando lo imprescindible de la medida, y tras la consabida huelga de camioneros se da marcha atrás uno puede pensar: ¿no era imprescindible esa subida? ¿O es que es más imprescindible mantener la popularidad del gobernante?

Pero no son solamente decisiones económicas las que pueden dar lugar a estas rectificaciones. Recientemente se planteó la posibilidad de examinar a los conductores que quisiesen renovar su carnet de conducir; nuevamente, tras el revuelo formado, se dio marcha atrás. Lo impactante de este caso es que, a diferencia del impuesto de carburantes, aquí está en juego la seguridad vial. ¿Es necesario o no es necesario hacer un examen para renovar el carnet? Si no es necesario ¿para qué lo plantean? Si es necesario ¿por qué dan marcha atrás?

A pesar de que sería tirar piedras contra mi propio tejado, tengo que ser honesto conmigo mismo y reconocer que la medida es necesaria. En primer lugar, nadie se estudia el código de la circulación para obtener el permiso de conducción, sino sólo un extracto de apenas cincuenta páginas llenas de dibujos. Además, raro es el año que no cambian las normas de circulación, para adaptarlas a normas europeas, para intentar reducir los accidentes o para aparentar que el gobierno se preocupa de la seguridad. Aquellos que conseguimos nuestro carnet hace décadas estamos completamente desactualizados, porque (desengañémonos) la información que nos llega a través de las campañas divulgativas es totalmente insuficiente.

Y ése es el verdadero problema: si comienzan a examinar a los conductores el porcentaje de aprobados sería mínimo. Y entonces se darían cuenta del verdadero impacto de los vehículos a motor en la economía de un país. Tratemos de imaginarnos una situación en la que, de repente, un camionero tardase dos o tres meses en renovar su carnet de conducir, o un taxista, o cualquiera de los millones de personas que todos los días utilizan su coche para ir a trabajar, o que, directamente, trabajan con el coche. No pueden correr el riesgo de parar un país por implantar esta norma.

Esto, sin embargo, no se contradice con pensar que la propuesta es necesaria. El examen se necesita si queremos que los conductores estemos perfectamente actualizados con las últimas modificaciones del código de circulación; otra cosa es pensar que todas esas normas y modificaciones sean necesarias para asegurar la seguridad vial: al parecer, no mucho, visto que pueden dar marcha atrás sin excesivo problema.


Pero en este caso ¿qué sentido tiene todo ese maremágnum de normas, leyes y reformas que, al parecer, no es necesario que conozcamos? Normas ante las que, en no pocas ocasiones, se hace la vista gorda ante su infracción. Tenía pensado terminar esta entrada con una respuesta agria y cortante, pero prefiero que cada uno saque sus propias conclusiones. De todas formas, creo que ha quedado bastante claro ¿no?

viernes, 28 de junio de 2013

Juicios paralelos

Hace unos días murió Manel Comas. Al parecer, sufría un cáncer de pulmón que le fue detectado hace dos años, y que al final no pudo superar. Dejó sentimientos encontrados en el mundo del baloncesto, entre el agradecimiento de los seguidores de los equipos a los que llevó a lo más alto y el desprecio de aquellos a los que no llegó a complacer. Pero ha dejado algo más: en los últimos días se conoció que la fiscalía le acusaba de un delito de acoso sexual contra dos discapacitados. Él siempre lo negó, su familia lo sigue negando, pero…

¿Es Manel Comas inocente o culpable de esos delitos? Lo cierto es que nunca lo sabremos, ya que nunca será juzgado. Pero para gran parte de la opinión pública ya está condenado: pasará a la historia como el entrenador que abusó de un par de inocentes indefensos.

Me asusta la tendencia que existe en España a condenar a las primeras de cambio a todo aquel que parezca culpable; y no me refiero a condenas judiciales, sino a linchamientos populares. Pero es que la cosa va más allá: me asusta la tendencia que existe en España a hacer parecer culpable a todo aquel que sea acusado de algo. Cuando una persona que siempre pasó desapercibida en su barrio y que seguramente era apreciada por sus amigos y conocidos, es acusada de un delito, inmediatamente se rodea de un aura de culpabilidad, comienzan a murmurar contra ella, se encuentran cosas raras en todos sus comportamientos… comienza a parecer culpable; y una vez que parece culpable, es culpable y hay que condenarla.

No ayudan nada las muestras de indignación de los afectados (o no) a las puertas de las comisarías o los juzgados. Decenas de personas perfectamente organizadas, con pancartas y cacerolas, llamando asesino o hijo de puta al detenido, y todo ello convenientemente difundido por todos los medios de comunicación. ¿Qué más da que todavía no haya sido condenado? Para la opinión pública ya es culpable.

El problema se agudiza, además, cuando el juicio se va a realizar con un jurado popular, como es el caso del que se está llevando a cabo en estos momentos contra José Bretón. Comprendo perfectamente el dolor de la madre de esos niños, pero propiciando esas concentraciones a la puerta de los juzgados flaco favor le estaba haciendo a la justicia. ¿Alguien en su sano juicio puede creer realmente que ese jurado va a ser imparcial? Llevan dos años siguiendo la investigación paso a paso por la tele; absorbiendo todas las noticias del telediario, fuesen ciertas o no; escuchando declaraciones de gente relacionada, fuera honesta o no… ¿Cómo van a ser capaces de diferenciar al final las informaciones periodísticas de las pruebas judiciales?

En otros países donde se han establecido los jurados populares, la discreción a la hora de llevar las investigaciones policiales es fundamental; es la única forma de blindar a los miembros del jurado contra manipulaciones interesadas. Aquí eso no se hace. No digo que Bretón sea inocente, probablemente no lo sea, pero, ¿significa eso que no tenga derecho a un juicio justo? ¿Significa que ha perdido el derecho a no ser insultado y acosado? ¿En qué nos hemos convertido?

Creo que ya va siendo hora de tomar cartas en el asunto. La policía debería tener órdenes expresas de disolver cualquier tipo de concentración delante de un juzgado o una comisaría. Me da igual que el acusado lo sea por asesinato, corrupción, violación o robo. De la misma manera, los medios de comunicación deberían empezar a comportarse como el cuarto poder que son y trabajar en favor de la democracia, no de la ley de la selva.

Es posible que siendo tan legalistas se llegase al caso de que un culpable saliese absuelto por falta de pruebas. Pero creo que incluso eso sería preferible a que un inocente fuese condenado; entre otras cosas, porque un inocente condenado implica un culpable sin condena. Y para un inocente, soportar no sólo la condena, sino el linchamiento popular, debe de ser insufrible. Que le pregunten, si no, a Dolores Vázquez, condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, y, que, además de encarcelada, fue insultada, humillada, vejada y “asesinada socialmente”.


Como decía alguien que de juzgar tiene un poco de experiencia: “por un sólo inocente que hallara en la ciudad, sería perdonada”.