La pérdida de la libertad

Escribía el otro día un post en el que apuntaba una situación aparentemente contradictoria: y es que, cuanto más se preocupa un Gobierno por nuestras libertades, cuanto más dice estar protegiéndolas, más vemos reducirse nuestra Libertad, la única. Y paradójicamente, esta pérdidad de la Libertad con mayúsculas se va produciendo por pequeñas cesiones de libertades individuales, en aras de una mayor protección, una mayor seguridad o una mayor comodidad.

¿Como se puede decir que, según vamos asentando nuestra democracia, vamos perdiendo libertades? La verdad es que la respuesta (por lo menos la que a mí se me alcanza) es muy polémica, porque implica enfrentarse de cara a situaciones que hemos aceptado, no sólo como habituales, sino como deseables.

Pongamos el ejemplo de los controles de alcoholemia realizados por la Guardia Civil de Tráfico. En principio, si realizásemos una encuesta por la calle, seguramente una amplísima mayoría estaría de acuerdo en que hay que evitar que la gente ebria coja el coche. Seguramente habrá diferencias de criterio a la hora de decidir cómo determinamos si una persona está ebria; podremos estar más o menos de acuerdo en si los límites de alcohol en sangre establecidos por la ley son demasiado restrictivos o demasiado laxos; pero seguro que la casi totalidad de los encuestados estaría de acuerdo en que la única forma de sacar de la carretera a los conductores bebidos es establecer controles de alcoholemia en la carretera.

Ahora cambiemos el escenario. Es evidente que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en que hay que sacar a los narcotraficantes de la circulación. Producen un gran perjuicio a la población y se saltan todas las leyes del mundo. ¿Cómo hace la policía para detener a un narcortraficante? ¿Va registrando las casas exigiendo que abramos los armarios para ver si se guarda droga? No. Eso ya lo intentó Corcuera, y le costó el cargo. Para poder inspeccionar la casa de un narcotraficante hace falta, primero, una sospecha fundada de que es realmente un delincuente; después, aportar pruebas que dejen poco lugar a la duda, y finalmente, un juez que autorice el registro. En el caso de los controles de alcoholemia, el simple hecho de conducir un coche es motivo suficiente para ser considerado sospechoso de estar bebido, por lo que la Guardia Civil está habilitada para exigirnos unas pruebas que, sin nuestra colaboración personal, estaría incapacitada para obtener, violando, así, nuestro derecho a no declarar contra nosotros mismos. Volviendo al ejemplo anterior, ¿se imaginan que el simple hecho de que un narcotraficante se negase a abrir las puertas de su casa a la policía fuese motivo de condena? Para un narcotraficante, existe la presuncion de inocencia; para un conductor, no.

Pasa algo parecido con los controles de velocidad. Podemos estar de acuerdo en que la propia situación de los radares y la forma de obtener la "foto" implica un objetivo puramente recaudatorio. Pero aunque no fuese así, aunque todos los gobiernos estuviesen sinceramente preocupados por la seguridad de los conductores, la forma de imponer la sanción no es, desde luego, la más democrática.

Cuando un radar fijo "caza" a un coche con exceso de velocidad, en vez de detener inmediatamente el coche por el peligro que supone para el resto de los conductores e imponerle la sanción, se le deja seguir circulando y se envía la sanción por correo... al dueño del coche. ¿Qué prueba hay de que fuese el dueño el que iba conduciendo? Ninguna. Simplemente, el dueño del coche es responsable de su exceso de velocidad. Ahora bien: si éste no iba conduciendo está obligado a identificar al conductor, so pena de ser sancionado. Es decir, estamos obligados a denunciar a otro ciudadano, pero sin que exista denuncia formal; es decir, para el caso de las multas de tráfico, está aceptada la denuncia anónima, cuando está absolutamente prohibida por la Constitución.

Todos estamos de acuerdo en que es necesario reducir los accidentes de tráfico, pero eso no es excusa para establecer una "burbuja sin ley" en las decisiones de la Guardia Civil de Tráfico. Porque todos estamos de acuerdo en que deben acabarse los robos con violencia en las casas y los comercios, debe acabarse el terrorismo etarra, debe desaparecer el narcotráfico... y a nadie se le ocurre dar carta blanca a la policía para que se salte a la torera las libertades ciudadanas.