La pérdida de la libertad

Escribía el otro día un post en el que apuntaba una situación aparentemente contradictoria: y es que, cuanto más se preocupa un Gobierno por nuestras libertades, cuanto más dice estar protegiéndolas, más vemos reducirse nuestra Libertad, la única. Y paradójicamente, esta pérdidad de la Libertad con mayúsculas se va produciendo por pequeñas cesiones de libertades individuales, en aras de una mayor protección, una mayor seguridad o una mayor comodidad.

¿Como se puede decir que, según vamos asentando nuestra democracia, vamos perdiendo libertades? La verdad es que la respuesta (por lo menos la que a mí se me alcanza) es muy polémica, porque implica enfrentarse de cara a situaciones que hemos aceptado, no sólo como habituales, sino como deseables.

Pongamos el ejemplo de los controles de alcoholemia realizados por la Guardia Civil de Tráfico. En principio, si realizásemos una encuesta por la calle, seguramente una amplísima mayoría estaría de acuerdo en que hay que evitar que la gente ebria coja el coche. Seguramente habrá diferencias de criterio a la hora de decidir cómo determinamos si una persona está ebria; podremos estar más o menos de acuerdo en si los límites de alcohol en sangre establecidos por la ley son demasiado restrictivos o demasiado laxos; pero seguro que la casi totalidad de los encuestados estaría de acuerdo en que la única forma de sacar de la carretera a los conductores bebidos es establecer controles de alcoholemia en la carretera.

Ahora cambiemos el escenario. Es evidente que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en que hay que sacar a los narcotraficantes de la circulación. Producen un gran perjuicio a la población y se saltan todas las leyes del mundo. ¿Cómo hace la policía para detener a un narcortraficante? ¿Va registrando las casas exigiendo que abramos los armarios para ver si se guarda droga? No. Eso ya lo intentó Corcuera, y le costó el cargo. Para poder inspeccionar la casa de un narcotraficante hace falta, primero, una sospecha fundada de que es realmente un delincuente; después, aportar pruebas que dejen poco lugar a la duda, y finalmente, un juez que autorice el registro. En el caso de los controles de alcoholemia, el simple hecho de conducir un coche es motivo suficiente para ser considerado sospechoso de estar bebido, por lo que la Guardia Civil está habilitada para exigirnos unas pruebas que, sin nuestra colaboración personal, estaría incapacitada para obtener, violando, así, nuestro derecho a no declarar contra nosotros mismos. Volviendo al ejemplo anterior, ¿se imaginan que el simple hecho de que un narcotraficante se negase a abrir las puertas de su casa a la policía fuese motivo de condena? Para un narcotraficante, existe la presuncion de inocencia; para un conductor, no.

Pasa algo parecido con los controles de velocidad. Podemos estar de acuerdo en que la propia situación de los radares y la forma de obtener la "foto" implica un objetivo puramente recaudatorio. Pero aunque no fuese así, aunque todos los gobiernos estuviesen sinceramente preocupados por la seguridad de los conductores, la forma de imponer la sanción no es, desde luego, la más democrática.

Cuando un radar fijo "caza" a un coche con exceso de velocidad, en vez de detener inmediatamente el coche por el peligro que supone para el resto de los conductores e imponerle la sanción, se le deja seguir circulando y se envía la sanción por correo... al dueño del coche. ¿Qué prueba hay de que fuese el dueño el que iba conduciendo? Ninguna. Simplemente, el dueño del coche es responsable de su exceso de velocidad. Ahora bien: si éste no iba conduciendo está obligado a identificar al conductor, so pena de ser sancionado. Es decir, estamos obligados a denunciar a otro ciudadano, pero sin que exista denuncia formal; es decir, para el caso de las multas de tráfico, está aceptada la denuncia anónima, cuando está absolutamente prohibida por la Constitución.

Todos estamos de acuerdo en que es necesario reducir los accidentes de tráfico, pero eso no es excusa para establecer una "burbuja sin ley" en las decisiones de la Guardia Civil de Tráfico. Porque todos estamos de acuerdo en que deben acabarse los robos con violencia en las casas y los comercios, debe acabarse el terrorismo etarra, debe desaparecer el narcotráfico... y a nadie se le ocurre dar carta blanca a la policía para que se salte a la torera las libertades ciudadanas.

Carta abierta a Bibiana Aído

Estimada Señora Ministra:

Sinceramente, ya comenzaba a pensar que, de acuerdo con los tiempos que corren, era el suyo un ministerio virtual, y usted una ministra cibernética, que sólo existían en la red con el objeto de igualar (de ahí el nombre del ministerio) el número de ministros varones y hembras en el Gobierno. Tal era la ausencia de propuestas, leyes, sugerencias y decretos que de su vacío (y caro) ministerio surgían.

Veo, sin embargo, este viernes, que de las entrañas de su ministerio nacerá (parece que este verano) una proposición de ley que, si no es abortada en los plazos previstos por riesgo manifiesto para la salud de España, se convertirá en una ley que permitirá (sin entrar en demasiadas consideraciones) el aborto libre y sufragado por la Seguridad Social.

Vaya por delante, Señora Ministra, que, aunque pueda parecer lo contrario, no estoy en contra del aborto. De lo que estoy en contra es de la utilización del aborto como método anticonceptivo; como coartada para el abandono de cualquier tipo de responsabilidad en la conducta sexual; como salida rápida (nunca sencilla, eso debe quedar claro) ante una situación inesperada que permite una amplísima variedad de decisiones antes de recurrir a la cirugía.

Esta consideración ya debería haber bastado para haber originado un debate abierto entre todas las fuerzas parlamentarias, primero, y del resto de la sociedad, en último término, sin recurrir a oscuros "comités de expertos" reunidos para consensuar unas conclusiones ya dictadas de antemano por quien les reunió y les pagó.

Pero si este tema ya era de por sí lo suficientemente grave, su social y progresista gobierno debía, además, diferenciarse del resto del mundo. Como dijo hace meses su superiora, la Vicepresidenta, la ley debía ser "vanguardista"; debíamos ir por delate del resto de los países civilizados aunque sólo fuese en esta cuestión. Así que decidieron "otorgar" el "derecho" a abortar a las menores de edad; y no contentos con esta barbaridad, decidieron permitir que no fuese necesario el permiso paterno.

Las razones que argumentó este viernes para apoyar esta decisión son muestra, Señora Ministra, o bien de su nula capacidad intelectual, o de su absoluta falta de escrúpulos a la hora de intentar manipular y engañar a la sociedad española. Con todo su descaro, adujo que una niña de 16 años puede casarse y tener hijos, lo que, a su juicio, la debería capacitar para poder abortar sin permiso de sus padres.

Lo que se olvidó muy convenientemente de decir es que para casarse, una menor de edad debe contar con el permiso expreso de los padres, así como con una resolución judicial que ratifique esta autorización. Nada de esto, Señora Ministra, será necesario para abortar.

Olvidó también mencionar que, en caso de hijos nacidos de una menor, éstos pasan a ser tutelados por los abuelos, hasta que la madre alcance la mayoría de edad, sin contar, por supuesto, con que el médico que atiende el parto está obligado a informar a los padres de la menor de que ésta ha dado a luz. Nada de esto, Señora Ministra, será necesario para abortar.

Porque, si nos ponemos a pensarlo (le recomiendo que lo haga, Señora Ministra) cualquier tipo de intervención quirúrgica sobre un menor, desde una apendicitis hasta un transplante de corazón, necesita el consentimiento y la autorización expresa de los padres. ¿Cuál será su justificación? ¿Que el aborto no es una intervención quirúrgica? Hay mujeres, Señora Ministra, que mueren en el quirófano mientras se someten a un aborto, legal o no. ¿Quién será en este caso responsable de la posible muerte? ¿La menor?

Existen cientos de cosas, Señora Ministra, que un menor de 16 y 17 años no puede hacer sin el consentimiento de sus padres; cosas mucho más inofensivas, como abrir una cuenta corriente, dar de alta una línea de teléfono, matricularse en un instituto, viajar al extranjero, casarse, firmar un contrato, operarse la nariz... La lista sería interminable. Otras muchas cosas, además, les están directamente prohibidas, como conducir un coche, votar en unas elecciones, afiliarse a un partido político, matricularse en la Universidad, practicar submarinismo, donar sangre, presidir el Gobierno de España...

Abortar, por lo que parece, no estará entre ellas. Abortar será una decisión lo suficientemente trivial y anodina como para que un menor de edad, que según la ley no tiene juicio para casi nada pueda tomarla sin consultar a nadie y sin informar a nadie, de la misma forma que usted intentará sacar adelante esta ley: sin pedir permiso a nadie, y consultando únicamente a su amigo del alma, el adolescente, que en estas cuestiones, por lo que se ve, tiene el mismo juicio que usted.

Para esto, Señora Ministra, no era necesario que su Ministerio saliese de la virtualidad.