Una de las cosas buenas que tiene la democracia es que simplifica enormemente las relaciones sociales: la ciudadanía vota mayoritariamente una opción política que, con mayor o menor acierto, legisla el marco de convivencia de la sociedad; luego, si surgen discrepancias, los jueces evalúan los modos de comportamiento en base a las leyes y dictan unas sentencias que son de obligado cumplimiento. Es así de sencillo.
En la práctica, el sistema se pervierte, debido a que, o bien aparecen nuevos modos de comportamiento que no se encontraban especificados en las leyes, o bien el poder ejecutivo, amparado en el legislativo, desea desbordar el sistema legal. En ese momento la batalla se traslada a la judicatura, que debe ejecutar sentencias a sabiendas de que está bajo la atenta mirada de todo el poder político. Tras ello, empieza a ser habitual la coletilla de "acatamos la sentencia"; si ésta es seguida de un "pero", es síntoma de que no la acatan en absoluto, y si va seguida de elogios al juez, significa que, por esta vez, se ha dictado la sentencia que se esperaba.
No nos engañemos: nadie respeta las leyes. Las aplicamos si favorecen a nuestros intereses y renegamos de ellas cuando no lo hacen. Es sintomático el hecho de que cuando una sentencia contradice al Gobierno, es síntoma de la independencia judicial, mientras que si le da la razón no puede ser otra cosa que servilismo al poder político. Y estos años hemos tenido ejemplos para aburrir.
Hace un par de días ha saltado la noticia de que Ignacio de Juana va a salir de la cárcel después de haber cumplido sólo 21 años de los 3000 a los que estaba condenado. No se puede hacer otra cosa, ya que la ley prohíbía que pasase más tiempo en prisión. Afortunadamente, la ley ya se ha cambiado para que, a partir de ahora se cumplan íntegramente los treinta años de pena. ¿Qué ley era la "legal"? ¿La anterior o la nueva? Además, se ha sabido que va a vivir en un entorno donde se concentan no menos de diez víctimas del terrorismo, lo que ha hecho dar la voz de alarma. ¿Cómo se puede evitar que pasen estas cosas? En teoría, de Juana ha cumplido su pena en la cárcel; probablemente no esté rehabilitado, pero es un hombre libre, sin causas pendientes con la Justicia. Como tal hombre libre, le asiste el derecho de vivir donde le dé la gana. Si se modifica la legislación para evitar que un delincuente que ya ha cumplido condena viva cerca de sus víctimas, ¿qué clase de libertad tendrá esa persona? ¿Qué diferencia hay entre cambiar la ley e infringirla sin más?
Mucho se les llena la boca a la mayoría de los políticos sobre si algo es constitucional o no. Parece que estar reflejado en la Constitución confiere a algo una aureola de hiperlegitimidad intocable. Así, por ejemplo, no se cansan de recordar que la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna. Parece ser que esa maldita frase obliga a los gobiernos a gastarse nuestro dinero en viviendas para todo el mundo. Sin embargo, la Constitución también consagra la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria al trono de España. ¿Qué diferencia hay entre las dos frases? ¿Es acaso una más constitucional que la otra?
Algo parecido pasa con la ley sobre el aborto. Una ley que regula minuciosamente los casos en los que se puede abortar, pero que parece que a la progresía se le ha quedado pequeña. La última ocurrencia de la Vicepresidenta ha sido decir que se van a buscar fórmulas "imaginativas" para hacer una ley "vanguardista". ¿Qué diferencia hay, entonces, entre un médico que practica un aborto fuera de los casos que establece la ley y un gobierno que modifica la ley a su antojo para que se puedan hacer cosas que antes estaban penadas?
Es muy difícil acatar las leyes cuando establecen formas de comportamiento que no nos agradan. Es más difícil aún cuando, como es nuestro caso, las leyes tienden a regular hasta los más insignificantes de nuestros actos; de esta forma, pequeños cambios en el comportamiento social exigen cambios legislativos que de otra forma no habrían sido necesarios.
Tenemos demasiadas leyes. El Gobierno se mete demasiado en nuestras vidas. En vez de tanta legislación tan específica, lo que necesitamos es, primero, un marco moral de comportamiento bien definido; segundo, pocas leyes generales que regulen ese marco de comportamiento; y tercero, jueces independientes que interpreten esas pocas leyes en función del marco moral. Cuando consigamos esto, no hará falta que el gobierno de turno cambie la legislación para que los terroristas no puedan ocupar cargos públicos, para que no haya calles con nombres de asesinos o para que un asesino no pueda montar una tienda bajo la casa de su víctima.
En la práctica, el sistema se pervierte, debido a que, o bien aparecen nuevos modos de comportamiento que no se encontraban especificados en las leyes, o bien el poder ejecutivo, amparado en el legislativo, desea desbordar el sistema legal. En ese momento la batalla se traslada a la judicatura, que debe ejecutar sentencias a sabiendas de que está bajo la atenta mirada de todo el poder político. Tras ello, empieza a ser habitual la coletilla de "acatamos la sentencia"; si ésta es seguida de un "pero", es síntoma de que no la acatan en absoluto, y si va seguida de elogios al juez, significa que, por esta vez, se ha dictado la sentencia que se esperaba.
No nos engañemos: nadie respeta las leyes. Las aplicamos si favorecen a nuestros intereses y renegamos de ellas cuando no lo hacen. Es sintomático el hecho de que cuando una sentencia contradice al Gobierno, es síntoma de la independencia judicial, mientras que si le da la razón no puede ser otra cosa que servilismo al poder político. Y estos años hemos tenido ejemplos para aburrir.
Hace un par de días ha saltado la noticia de que Ignacio de Juana va a salir de la cárcel después de haber cumplido sólo 21 años de los 3000 a los que estaba condenado. No se puede hacer otra cosa, ya que la ley prohíbía que pasase más tiempo en prisión. Afortunadamente, la ley ya se ha cambiado para que, a partir de ahora se cumplan íntegramente los treinta años de pena. ¿Qué ley era la "legal"? ¿La anterior o la nueva? Además, se ha sabido que va a vivir en un entorno donde se concentan no menos de diez víctimas del terrorismo, lo que ha hecho dar la voz de alarma. ¿Cómo se puede evitar que pasen estas cosas? En teoría, de Juana ha cumplido su pena en la cárcel; probablemente no esté rehabilitado, pero es un hombre libre, sin causas pendientes con la Justicia. Como tal hombre libre, le asiste el derecho de vivir donde le dé la gana. Si se modifica la legislación para evitar que un delincuente que ya ha cumplido condena viva cerca de sus víctimas, ¿qué clase de libertad tendrá esa persona? ¿Qué diferencia hay entre cambiar la ley e infringirla sin más?
Mucho se les llena la boca a la mayoría de los políticos sobre si algo es constitucional o no. Parece que estar reflejado en la Constitución confiere a algo una aureola de hiperlegitimidad intocable. Así, por ejemplo, no se cansan de recordar que la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna. Parece ser que esa maldita frase obliga a los gobiernos a gastarse nuestro dinero en viviendas para todo el mundo. Sin embargo, la Constitución también consagra la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria al trono de España. ¿Qué diferencia hay entre las dos frases? ¿Es acaso una más constitucional que la otra?
Algo parecido pasa con la ley sobre el aborto. Una ley que regula minuciosamente los casos en los que se puede abortar, pero que parece que a la progresía se le ha quedado pequeña. La última ocurrencia de la Vicepresidenta ha sido decir que se van a buscar fórmulas "imaginativas" para hacer una ley "vanguardista". ¿Qué diferencia hay, entonces, entre un médico que practica un aborto fuera de los casos que establece la ley y un gobierno que modifica la ley a su antojo para que se puedan hacer cosas que antes estaban penadas?
Es muy difícil acatar las leyes cuando establecen formas de comportamiento que no nos agradan. Es más difícil aún cuando, como es nuestro caso, las leyes tienden a regular hasta los más insignificantes de nuestros actos; de esta forma, pequeños cambios en el comportamiento social exigen cambios legislativos que de otra forma no habrían sido necesarios.
Tenemos demasiadas leyes. El Gobierno se mete demasiado en nuestras vidas. En vez de tanta legislación tan específica, lo que necesitamos es, primero, un marco moral de comportamiento bien definido; segundo, pocas leyes generales que regulen ese marco de comportamiento; y tercero, jueces independientes que interpreten esas pocas leyes en función del marco moral. Cuando consigamos esto, no hará falta que el gobierno de turno cambie la legislación para que los terroristas no puedan ocupar cargos públicos, para que no haya calles con nombres de asesinos o para que un asesino no pueda montar una tienda bajo la casa de su víctima.
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