Acatar la ley

Una de las cosas buenas que tiene la democracia es que simplifica enormemente las relaciones sociales: la ciudadanía vota mayoritariamente una opción política que, con mayor o menor acierto, legisla el marco de convivencia de la sociedad; luego, si surgen discrepancias, los jueces evalúan los modos de comportamiento en base a las leyes y dictan unas sentencias que son de obligado cumplimiento. Es así de sencillo.

En la práctica, el sistema se pervierte, debido a que, o bien aparecen nuevos modos de comportamiento que no se encontraban especificados en las leyes, o bien el poder ejecutivo, amparado en el legislativo, desea desbordar el sistema legal. En ese momento la batalla se traslada a la judicatura, que debe ejecutar sentencias a sabiendas de que está bajo la atenta mirada de todo el poder político. Tras ello, empieza a ser habitual la coletilla de "acatamos la sentencia"; si ésta es seguida de un "pero", es síntoma de que no la acatan en absoluto, y si va seguida de elogios al juez, significa que, por esta vez, se ha dictado la sentencia que se esperaba.

No nos engañemos: nadie respeta las leyes. Las aplicamos si favorecen a nuestros intereses y renegamos de ellas cuando no lo hacen. Es sintomático el hecho de que cuando una sentencia contradice al Gobierno, es síntoma de la independencia judicial, mientras que si le da la razón no puede ser otra cosa que servilismo al poder político. Y estos años hemos tenido ejemplos para aburrir.

Hace un par de días ha saltado la noticia de que Ignacio de Juana va a salir de la cárcel después de haber cumplido sólo 21 años de los 3000 a los que estaba condenado. No se puede hacer otra cosa, ya que la ley prohíbía que pasase más tiempo en prisión. Afortunadamente, la ley ya se ha cambiado para que, a partir de ahora se cumplan íntegramente los treinta años de pena. ¿Qué ley era la "legal"? ¿La anterior o la nueva? Además, se ha sabido que va a vivir en un entorno donde se concentan no menos de diez víctimas del terrorismo, lo que ha hecho dar la voz de alarma. ¿Cómo se puede evitar que pasen estas cosas? En teoría, de Juana ha cumplido su pena en la cárcel; probablemente no esté rehabilitado, pero es un hombre libre, sin causas pendientes con la Justicia. Como tal hombre libre, le asiste el derecho de vivir donde le dé la gana. Si se modifica la legislación para evitar que un delincuente que ya ha cumplido condena viva cerca de sus víctimas, ¿qué clase de libertad tendrá esa persona? ¿Qué diferencia hay entre cambiar la ley e infringirla sin más?

Mucho se les llena la boca a la mayoría de los políticos sobre si algo es constitucional o no. Parece que estar reflejado en la Constitución confiere a algo una aureola de hiperlegitimidad intocable. Así, por ejemplo, no se cansan de recordar que la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna. Parece ser que esa maldita frase obliga a los gobiernos a gastarse nuestro dinero en viviendas para todo el mundo. Sin embargo, la Constitución también consagra la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria al trono de España. ¿Qué diferencia hay entre las dos frases? ¿Es acaso una más constitucional que la otra?

Algo parecido pasa con la ley sobre el aborto. Una ley que regula minuciosamente los casos en los que se puede abortar, pero que parece que a la progresía se le ha quedado pequeña. La última ocurrencia de la Vicepresidenta ha sido decir que se van a buscar fórmulas "imaginativas" para hacer una ley "vanguardista". ¿Qué diferencia hay, entonces, entre un médico que practica un aborto fuera de los casos que establece la ley y un gobierno que modifica la ley a su antojo para que se puedan hacer cosas que antes estaban penadas?

Es muy difícil acatar las leyes cuando establecen formas de comportamiento que no nos agradan. Es más difícil aún cuando, como es nuestro caso, las leyes tienden a regular hasta los más insignificantes de nuestros actos; de esta forma, pequeños cambios en el comportamiento social exigen cambios legislativos que de otra forma no habrían sido necesarios.

Tenemos demasiadas leyes. El Gobierno se mete demasiado en nuestras vidas. En vez de tanta legislación tan específica, lo que necesitamos es, primero, un marco moral de comportamiento bien definido; segundo, pocas leyes generales que regulen ese marco de comportamiento; y tercero, jueces independientes que interpreten esas pocas leyes en función del marco moral. Cuando consigamos esto, no hará falta que el gobierno de turno cambie la legislación para que los terroristas no puedan ocupar cargos públicos, para que no haya calles con nombres de asesinos o para que un asesino no pueda montar una tienda bajo la casa de su víctima.

¡Que dejen de tomarnos el pelo!

Hace unos años, un grupo de burócratas de Francia y Alemania decidieron que se habían equivocado con el Tratado de Niza. Ese tratado que, por empeño personal de un reaccionario llamado José María Aznar equilibraba el reparto de poder en Europa desplazándolo del eje franco-alemán al conjunto de países medianos que compartían intereses comunes, muchas veces contrapuestos a los de los grandes países (Francia, Alemania y Reino Unido).

Pusieron, por tanto, en marcha sus estrategias publicitarias para convencernos de que la "construcción europea" necesitaba una constitución que diese legitimidad democrática a sus instituciones y a las decisiones que ellas tomasen. Y una vez convencidos los políticos, parieron un engendro que dinamitaba el equilibrio de poder que había establecido Niza, multiplicaba la burocracia y el intervencionismo y convertía a Europa, básicamente, en un enorme recolector de dinero que alimentase a la Política Agraria Común (PAC) a mayor gloria de Francia.

Una vez convencidos los políticos de que "Europa" necesitaba urgentemente esta constitución, comenzó el proceso por el cual se gastó una cantidad verdaderamente obscena de dinero para convencer a la gente comun de lo mismo. Los argumentos variaron según el país, pero aquí fueron básicamente tres: "Si votas en contra es que estás en contra de Europa", "Si no ratificamos la Constitución nos quedamos fuera de Europa" y "No hace falta que te leas el proyecto, porque los que saben ya se lo han leído y nos han dicho que es buena".

En fin, que el proceso de convalidación especificaba que la ratificación seguiría adelante a no ser que tres o más países votasen en contra. Esto quería decir que, si España y Grecia rechazaban el proyecto, la constitución entraría en vigor de todas formas y estos dos países quedarían en una especie de limbo que, muy oportunamente, decidieron no aclarar quienes redactaron el proyecto de constitución.

Pero no fueron España y Grecia los que votaron en contra, sino Francia y Holanda. Y, rompiendo todas las normas, decidieron no seguir adelante con el proceso. De repente, ya no tenía ninguna importancia que Europa no tuviese una constitución, y que el tratado de Niza siguiese vigente. De repente, Niza no tenía caducidad y podía seguir siendo aplicado sin problemas. Pero claro, Francia no podía quedarse cruzada de brazos.

Inmediatamente después comenzó a gestarse un nuevo engendro que sustituyese a la "constitución". Lo llamaron "Tratado de Lisboa". Sus entresijos nos son completamente desconocidos, ya que han decidido que no es necesario que los conozcamos. Además, para evitar molestos contratiempos con los referéndums, se estableció que debería ser aprobado únicamente por los parlamentos nacionales. En compensación, el nuevo tratado debería contar con unanimidad. Es decir, si un solo país votaba en contra, el tratado no se aplicaba. Con buen criterio, pensaban; "¿Quién va a ser el listo que se atreva a aparecer como euroescéptico en estos momentos?".

Pero llegó Irlanda, que, por un pequeño problema llamado Constitución Irlandesa estaba obligada a presentar el tratado a consulta. Y, cómo no, salió rechazado. ¡Qué horror! Habrá que paralizar la aplicación del tratado; La construcción europea se tambalea...

En absoluto. Las grandes cabezas pensantes de la burocracia europea decidieron que el rechazo irlandés no era lo suficientemente importante y que, por lo tanto, el proceso de ratificación seguía adelante. Dignos herederos del referéndum español sobre la OTAN, en el que, si votabas que sí, nos quedábamos, y si votabas que no, no nos íbamos. Hace pocos días, y a la vista del resultado irlandés, el primer ministro polaco anunció que, a pesar de haber aprobado el tratado en el parlamento, la presidencia no iba a ratificarlo. Habrá que estar atentos para ver si a Francia le queda un poco de vergüenza, y esta vez, aunque sólo sea esta vez, se decide a aceptar lo que diga la mayoría y no a hacer su santa voluntad.

Y, por favor, que dejen de tomarnos el pelo con la puñetera Europa.

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Un pequeño comentario de actualidad: Izquierda Unida ha presentado una moción para, en aplicación de la ley de memoria histórica, eliminar del escudo nacional y del escudo real los símbolos franquistas; a saber: la cruz de San Andrés (cruz de Borgoña) y el yugo y las flechas. Yo no sé si lo han hecho por ignorancia o por estupidez, pero ninguna de las dos cosas son admisibles en un representante político.