No votaré a Rajoy

Hoy pensaba publicar la tercera y última parte del análisis que venía haciendo sobre la ley electoral en España, pero creo que merece la pena dejarla para más adelante. El motivo ha sido la salida a la escena política (por fin, después de seis semanas) de don Mariano Rajoy. Seis semanas de silencios, de callar más que decir, de aplazamientos de estrategias, de nombramientos que parecían el parto de los montes...

Seis semanas en las que el PP parecía de vacaciones (¡qué cansada ha sido la campaña electoral!) mientras que el PSOE se ponía en movimiento, manteniendo a María Emilia Casas como presidenta del Tribunal Constitucional, forzando la máquina para que los recursos del juicio del 11-M se decidieran cuanto antes (habría que ser muy malpensado para imaginarse que podría ser para dar carpetazo al asunto cuanto antes), manteniendo en el gobierno a algunos de los ministros más incompetentes y sectarios de la democracia o aprobando el trasvase- que- no- es- un- trasvase para llevar el agua- del- Ebro- que- en- realidad- no- viene- del- Ebro a Barcelona.

Según pasaba el tiempo y el PP se mantenía a la espera, sin hacer una oposición real porque había que esperar a ver cómo se comportaban los nuevos ministros (¿verdad, Soraya?) una cantidad creciente de simpatizantes pensábamos que se debía únicamente a una estrategia encaminada a forzar el descontento entre las filas del partido para hacer saltar a los disidentes y ponerlos en evidencia antes del congreso de Junio. Y la primera en saltar fue, cómo no, Esperanza Aguirre.

Podríamos pensar que fue ingenua y mordió el anzuelo, pero yo prefiero argumentar que fue valiente y decidió dar el salto y poner las cartas sobre la mesa antes que asegurar su propia seguridad personal. A partir de ahí, respondió el de siempre, avisándola de que no tendría apoyos (él sí los tuvo, sin embargo, cuando se presentó Manuel Cobo a la presidencia del PP en Madrid). A partir de ese momento, se desató la lucha entre facciónes. Con Aguirre, el PP de Madrid en pleno (excepto los de siempre), Alejo Vidal-Quadras, Álvarez Cascos y mucha gente que cree que el mensaje liberal es lo que necesita la sociedad española. Por el otro lado, aparte de Gallardón y su séquito, Arenas, Camps, Valcárcel, Sirera y tantos otros que creen que su continuidad en la poltrona depende de llevarse bien con el jefe. En el medio, gente como Mayor-Oreja, que parece que todavía no se han decidido.

Y una vez definidas las posturas, el gran jefe lanza el envite: en su partido caben todos, incluida la socialdemocracia, y el que no esté a gusto, que se vaya al Partido Liberal o al Conservador. Es decir, que caben todos... excepto los liberales o los conservadores.

Se cayeron las caretas. Se destapó el engaño. Cuatro años de lucha tirados a la basura. Por fin hemos descubierto cuál va a ser la política de Mariano Rajoy y compañía para el futuro. Han triunfado las tesis de Gallardón y de Piqué; de Feijoo y de Rato; de Arriola y de Costa... Ha calado la idea de que manteniendo planteamientos propios de la derecha, el PP nunca ganará unas elecciones: debe centrarse, acercándose a las tesis socialistas. No se da cuenta de que estas últimas elecciones las ha perdido no por desplazarse demasiado a la derecha, sino quizás por ser demasiado tibio en sus planteamientos en contra de los desmanes del gobierno. Muchos nos hemos cansado de avisar de que si perpetra ese giro al centro, es posible que gane algunos votos de socialistas desengañados, pero perderá muchos de los votos naturales de la derecha. Él sabrá lo que hace.

¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha traicionado a sus electores y se ha echado en brazos de quien quiere destruirlo? Permitidme lanzar al aire una hipótesis: A don Mariano le han convencido de que no podrá ganar unas elecciones sin el apoyo de los medios de comunicación. Y ahora mismo, apoyo, lo que se dice apoyo, no tiene el de ninguno. Los medios que se muestran muy críticos con el Gobierno (la COPE, la Razón, Libertad Digital, a veces El Mundo y muy poquitos más) no se sienten obligados a dar un cheque en blanco al PP con tal de que no gane el PSOE; lo apoyarán siempre que sus políticas se adapten a los ideales de estos medios, ideales que, por otra parte no siempre coinciden entre ellos. Por lo tanto, el PP, haga lo que haga, nunca tendrá el apoyo unánime de un sector grande de la prensa.

Por otro lado, no es ningún secreto que el equilibrio de poder en la prensa de izquierdas se ha desplazado: tras la muerte de Polanco, el grupo Prisa ha perdido el favor del PSOE, que ha otorgado su confianza a la Mediapro de Roures, por lo que necesita ahora un aliado que la mantenga en la posición de privilegio que ha disfrutado en las últimas décadas. Ese aliado bien podría ser el PP, siempre, claro, que modifique sus políticas hacia posiciones más "socialdemócratas", por lo que no debe extrañar la flojera de piernas ideológica que le entraría a Mariano Rajoy ante la perspectiva de contar, de la noche a la mañana, con el apoyo de El País y la SER. En este sentido, no dejan de ser clarificadoras sus palabras aludiendo a que a él le han pedido presentarse los militantes, no una radio o un periódico (toma puñalada a la COPE y a El Mundo).

Pero, en ese caso, que no cuente con mi voto. He pasado en las últimas elecciones de la abstención al voto popular simplemente para parar la descomposición democrática que se está produciendo en España y para que se empiecen a aplicar, de una vez por todas políticas liberales que nos pongan a la cabeza de Europa. Si vamos a ir por los caminos de la socialdemocracia, que no cuenten conmigo: mientras siga en el PP este equipo dirigente, no lo volveré a votar. Ya que se va a seguir por el camino de la desigualdad y de la destrucción del edificio constitucional, prefiero que lo hagan los socialistas y criticarlos por ello, a que lo haga un partido al que he confiado mi voto.

Proporcionalidad (II)

Comentaba en el post anterior que el actual sistema electoral beneficia en gran medida a los grandes partidos nacionales (PP y PSOE), y no a los nacionalistas, como habitualmente se asegura. Intentaré argumentarlo con datos.

En el sistema electoral actual se siguen los cálculos de la famosa ley d'Hont. El país se divide en circunscripciones electorales (asimiladas a las provincias) a las que corresponde un número determinado de escaños dependiendo de su población, siempre con un mínimo de un escaño por circunscripción. Para asignar estos escaños a los partidos políticos se siguen una serie de cálculos que reparten proporcionalmente los escaños entre todos los partidos que hayan obtenido al menos el 5% de los votos. De esta forma, un mismo número de votos resulta en una diferente asignación de escaños dependiendo de la circunscripción, lo que vulnera la idea de "un hombre, un voto". Además, este sistema fomenta la existencia del llamado "voto basura", es decir aquellos votos que, una vez alcanzado un límite, no ayudan al partido a conseguir más escaños. El ejemplo más extremo de este voto basura se da en Ceuta y Melilla: con un escaño en juego para cada una, todos los votos que el primer partido sobrepase al segundo son, en realidad votos "tirados a la basura".

¿Cómo conseguir modificar esta situación? La idea más generalizada es que un voto debería tener el mismo valor en Vigo, en Alcalá de Henares, en Sort y en Melilla. Esto implicaría la creación de un sistema de circunscripción única donde los votos que sobran en Madrid se pudiesen sumar a los que faltan en Murcia para obtener un nuevo escaño. Según la mayor parte de la gente, esto hundiría a los nacionalistas, cuyos votos se verían diluidos en el conjunto de España y perderían gran parte de su poder. Vamos a ver qué parte de verdad hay en esta afirmación.

Muestro a continuación los datos (número de votos y número de escaños) resultantes de las últimas elecciones generales de Marzo de 2008. Incluyo únicamente aquellos partidos que han obtenido representación parlamentaria. Están ordenados por número de votos para que se aprecie mejor la incoherencia voto/escaño:


Llama la atención que un partido que ha obtenido casi un millón de votos se vea recompensado con dos escaños, mientras que otro con tres cuartos de millón obtenga 11, por lo que se entienden las protestas de estos partidos.

Comprobemos ahora cómo quedaría el parlamento aplicando una ley puramente proporcional (a más votos, más escaños). Ignoro si habrá otro método de hacer las cuentas; el método que yo he seguido ha sido dividir el número total de votos válidos (25.067.387) entre los escaños en juego (350), para saber cuántos votos cuesta cada escaño (en este caso, 71.621). Si dividimos el número total de votos obtenidos por cada partido entre la relación voto/escaño, obtenemos el número de escaños asignados a cada formación. Aquellas formaciones que consiguen escaño con menos de 71.000 votos lo hacen debido a los decimales de la división. Los datos son los siguientes:


¿Qué consecuencias se extraen de estas tablas? En primer lugar, los partidos nacionalistas no sólo no se han hundido, sino que han proliferado. El único partido nacionalista que pierde escaños con este sistema es el PNV, que pasaría de 6 a 4. CiU se mantiene, al igual que CC-PNC y Na-Bai, y entran en el congreso partidos nacionalistas como el Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y Coalición Andalucista, así como otros no nacionalistas, como Ciudadanos, Los Verdes o el Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal. Los grandes beneficiados serían Izquierda Unida (11 escaños más) y Unión, Progreso y Democracia (3 escaños), mientras que los grandes perjudicados son el Partido Socialista (pierde 15 escaños) y el Partido Popular (pierde 11). ¿Entendemos ahora por qué no se ha cambiado todavía la ley?

Por lo tanto, un sistema proporcional no sólo no ayuda a la gobernabilidad, sino que paralizaría la vida del Congreso, al restar capacidad de acción a los partidos mayoritarios y multiplicar la presencia de partidos minoritarios, en un remedo de lo que llevó a fracasar al parlamentarismo en la Segunda República.

Pero entonces, ¿Cuál es la solución para evitar este cúmulo de despropósitos? La respuesta, en un hilo posterior.

Proporcionalidad

De nuevo; como cada año electoral, vuelve a estar de plena actualidad el sistema de asignación de escaños. Nadie está contento con el que tenemos, e incluso los políticos que desarrollaron la ley electoral durante la transición afirman sin pudor que fue, probablemente, su mayor error.

Pero vayamos por partes. ¿Cuál es el problema que tiene nuestra ley electoral? Cualquiera medianamente informado responderá a esta pregunta diciendo que es tremendamente injusto, ya que prima enormemente la concentración del voto dentro de una misma circunscripción, lo que da una gran ventaja a los partidos nacionalistas que, de esta forma, se encuentran sobrerrepresentados con respecto a otras formaciones que consiguen un número similar de votos, pero con más dispersión territorial.

Los dos casos más paradigmáticos de este agravio se han dado este año en IU y en UPyD, que se han visto perjudicados al compararse con CiU y PNV, respectivamente. IU consiguió 963.040 votos y 2 escaños, mientras que CiU alcanzó 774.317 votos y 11 escaños; UPyD, por su parte, consiguió 303.535 votos y 1 escaño frente a los 303.246 votos y 6 escaños del PNV. No puede sorprendernos que éstos hayan sido los dos partidos que más han protestado por la discriminación de la actual ley electoral, mientras que partidos que no se sienten agraviados, como PP o PSOE, ni entran a comentar el asunto, ni se plantean la modificación de la ley.

Sin embargo, también como cada año electoral, PP y PSOE vuelven a lamentarse del enorme peso que los partidos nacionalistas -algunos realmente radicales- tienen sobre la vida política española. Cuando uno de los dos grandes partidos nacionales no obtiene la mayoría absoluta se ve abocado al pacto con minorías como BNG, PNV, CiU o ERC, que en no pocas ocasiones marcan la línea de gobierno. De esta forma, no dejaba de ser curioso que, en la anterior legislatura, el partido que más peso tenía sobre las decisiones del gobierno era ERC, con un miserable 2,54% de los votos. Pero entonces, ¿por qué no se unieron los dos partidos mayoritarios para modificar la ley electoral? Entre ellos sumaron en las anteriores elecciones el 80% de los votos, resultado más que holgado para dar legitimidad a la nueva ley que de ese consenso saliese.

Y la triste respuesta es que no les conviene. Ni a uno ni a otro. Porque, en realidad, el actual sistema electoral a quien beneficia no es a los nacionalistas, sino a los grandes partidos nacionales. Le duela a quien le duela. Publicaré los datos detallados en el post de la semana que viene.