domingo, 9 de noviembre de 2008

Ponle freno

Muchas veces, las iniciativas ciudadanas tienen la virtud de desenmascarar las carencias de los gobiernos, proponiendo soluciones concretas a problemas cotidianos, problemas que no son detectados por el estamento político porque hace mucho tiempo que dejaron de vivir la realidad, aupados como están en su Olimpo particular.

Más importancia tienen estas iniciativas ciudadanas cuando su objetivo es salvar vidas, dejando al descubierto las vergüenzas de un gobierno que se empeña en mirar para otro lado y en proponer soluciones incorrectas para problemas mal diagnosticados. Y un especialista en diseñar soluciones ineficientes es el ínclito Director General de Tráfico, señor Pere Navarro.


Yo siempre he sido de la opinión de que la disminución en el número de accidentes en carretera tenía más que ver con la reducción en el uso del coche, primero, y de la venta de coches, después; si llevábamos muchos años en los que el parque automovilístico crecía constantemente, mientras que el número de accidentes crecía con una tasa menor, era evidente que, cuando el número de coches dejese de crecer, los accidentes debían reducirse. Sin puntos, sin multas y sin radares. Pero desde la DGT llevan años criminalizando a los conductores, tratándonos como asesinos en potencia, o incluso como peligrosos criminales; poniendo radares en vías donde rara vez se ha visto un accidente y abandonando los tramos de carretera donde mayor cantidad de muertos se acumulan: los famosos "puntos negros", renombrados recientemente como PCAs, para quitar dramatismo.


Por ello son especialmente valiosas campañas como la llamada "Ponle freno", que pretende algo tan sencillo como que las administraciones propietarias de las vías de circulación informen a los conductores dónde se encuentran esos lugares peligrosos, lugares donde se concentran la inmensa mayoría de los accidentes mortales, y que, curiosamente, no se encuentran en las largas rectas de las autopistas, donde se concentran la mayor cantidad de radares. El conocimiento de que nos aproximamos a un tramo donde ha muerto una cantidad anormalmente alta de personas nos permitirá extremar las precauciones y estar prevenidos ante cualquier imprevisto que pueda acabar provocando un accidente.


¿Por qué es especialmente importante este conocimiento? Porque, a pesar de las consignas que nos martillean desde hace años, un conductor, sobre todo en un viaje largo, no puede estar continuamente en estado de máxima alerta, previendo cualquier tipo de imprevisto. Cuando estamos al volante, asumimos que delante de nosotros tenemos un camino despejado, y en condiciones aceptables para circular; es imposible conducir asumiendo que, detrás de cada curva nos vamos a encontrar con una vaca en medio de la carretera.


Tampoco ayuda la excesiva proliferación de señales de peligro y de prohibición. Cuando en determinados tramos de la autopista A6 en Madrid (seguramente una de las autopistas más seguras de España) nos encontramos con limitaciones de velocidad a 90 kilómetros por hora sin ninguna justificación, la próxima vez que nos encontremos esta señal de limitación en otra carretera, no podremos saber si realmente indica un tramo que, por su riesgo, deberíamos pasar a esta velocidad, o si es otro capricho del legislador, que necesita tramos con limitaciones absurdas para poner multas. Asimismo, no es lo mismo una señal de curva peligrosa en una carretera ancha, con arcenes, buen firme y una única trazada, que la misma señal en una carretera estrecha, mal pavimentada y con varios cambios de trayectoria y un cambio de rasante. Esta última seguramente se convertiría en una trampa mortal, y es una aberración que ambas se señalicen de la misma forma.


¿Qué lleva, entonces, a la DGT, a no hacer suya esta campaña y a no señalizar los puntos donde tenemos mayor probabilidad de dejarnos la vida? Cualquiera que haya leído habitualmente las entradas de este blog sabrá que no suelo ser malpensado, pero algo me hace temer que interesa mantener elevado el número de muertos en carretera para ejercer acciones punitivas sobre los tramos de baja siniestralidad, con un afán puramente recaudatorio. En las manos de la DGT está el demostrar que esto no es cierto.