¿Libertad? Sí, pero para todos

Debería sonar extraño que, agotados ya más de siete años de este siglo XXI, hubiese algún país occidental en el que la lucha por la libertad se encontrase en el centro del debate político, pero lo cierto es que, en esta España que nos ha tocado vivir, eso es exactamente lo que sucede: el Gobierno presume de haber otorgado a los ciudadanos más derechos y libertades que los que nunca habían tenido, la oposición denuncia la falta de libertad en determinadas regiones de España, los terroristas coaccionan a grandes sectores de la sociedad... La libertad, hoy igual que hace un siglo, sigue siendo tema fundamental en el discurrir de la política, e incluso de la vida ciudadana, gracias a la aparición y auge de un movimiento liberal que, fundamentalmente desde internet, y gracias a medios como Libertad Digital, nos muestra cómo, en las últimas décadas, y a pesar de lo que dice el Gobierno, la tónica es que cada día cedemos un poquito más de nuestra llibertad, en aras de una seguridad y una comodidad que, paradójicamente, tampoco llegan; y esos pedazos de libertad que cedemos son casi imposibles de recuperar.

En este ambiente de lento pero constante retroceso de nuestra libertad, resulta poco menos que grotesco el espectáculo que nuestros representantes políticos nos ofrecieron el otro día en el Congreso, votando una proposición de Izquierda Unida para ampliar determinados derechos humanos... ¡A los grandes simios! Así, se concede a chimpancés, gorilas y orangutanes los derechos, entre otros, a no ser esclavizados, a no ser maltratados... ¡y a la libertad!

Supongo que tras esta votación, centenares de chimpancés, que hasta ahora vivían muy dignamente en los zoos españoles, vagarán por las calles, intentando encontrar un trabajo digno con el que ganarse la vida, ya que eso es exactamente lo que significa tener derecho a la libertad y a no ser esclavizado. En cuanto a los malos tratos, parece que los impulsores de la medida se olvidan de que, en tanto que animales, la legislación ya prohíbe su maltrato.

Pero yendo un poco más allá, suena un poco a broma de mal gusto que los comunistas exijan libertad para los grandes simios, cuando niegan sistemáticamente esa libertad al simio más cercano que tenemos, que es precisamente el hombre. Porque es falta de libertad no poder decidir qué educación queremos para nuestros hijos, o qué sanidad queremos recibir, o quién queremos que nos suministre determinados servicios públicos, o a qué horas y en qué comercios queremos hacer la compra, o qué acciones o grupos se sufragan o subvencionan con nuestro dinero.

Tenemos un gobierno que, durante cuatro años, se ha desentendido sistemáticamente de los problemas que afectan a los españoles y se ha dedicado a gastar nuestro dinero en tejer una red de intereses diseñada para amordazar a la población y mantenerse en el poder. El último paso ha sido dar unos derechos a los monos mientras otros se restringen a los hombres. Pero el objetivo de esta estrategia está bastante claro: dar derechos humanos a los monos multiplicará el número de votantes de PSOE e IU.

¿Qué va a hacer ahora el Gobierno?

No es una pregunta retórica. Lamentablemente, todo indica que la que se nos viene encima es gorda; muy gorda. El penúltimo acto de esta crisis-que-no-es-una-crisis acabamos de vivirlo los que tenemos la suerte o la desgracia de vivir o trabajar en una gran ciudad o sus alrededores. Los transportistas (antes llamados camioneros) han decidido echarse a la carretera para dar mayor énfasis a su huelga.

Dicen que están al límite de su capacidad de supervivencia, que lo que les pagan con los portes no les llega para pagar el gasóleo que gastan, que se avecina la ruina total del sector... Es posible que tengan razón. Es muy probable que su diagnóstico de la situación sea exacto, pero, ¿qué proponen para solucionarlo? Básicamente, el establecimiento de un "gasóleo profesional" que les abarate el gasto en combustible y una "tarifa mínima obligatoria" que permita aumentar los costes de los portes y que sea revisable en función del precio del gasóleo. En principio, las medidas lógicas y evidentes que cualquiera habría pensado como solución al problema. Pero, ¿son realmente la solución?

Un gasóleo profesional implica la exención de impuestos (como en el gasóleo agrícola o pesquero) o, directamente, la subvención vía Presupuestos Generales del Estado. El problema es que, al menos hasta hoy por la mañana, el dinero de los PGE no lo donan altruistamente los miembros del Gobierno, sino que salen, a través de los impuestos, del bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces, una subvención al gasóleo implica que seamos nosotros los que les ayudemos a llenar el depósito, pervirtiendo la justificación redistributiva de la coacción impositiva (los que más tienen aportan dinero para que también los que menos tienen se beneficien de servicios básicos... o no tan básicos) para hacer que una mayoría (que ya no nada en la abundancia) regale sus escasos ingresos a una minoría que, eso sí, tiene una capacidad de presión desmesurada.

¿Y qué decir de las tarifas mínimas por porte? En principio, la medida menos descabellada que se les ha ocurrido, ya que el precio de los portes debería, entre otras cosas, reflejar los costes de esos portes, por lo que, a mayor precio de las materias primas, mayor precio del servicio que se presta gracias a esas materias primas. Pero el precio no sólo sirve para reflejar el coste de prestar ese servicio; el precio es también el indicador que nos permite decidir si nos es rentable o no adquirir un bien o un servicio. Si un agricultor no va a poder negociar entre distintos transportistas un precio que se adapte a sus necesidades por el simple hecho de que va a venir impuesto por un grupo de presión, tendremos un doble efecto: por un lado, productos que no podrán comercializarse por carecer de posibilidades de transporte, y por otro, un aumento en el precio de venta al público de los productos que hayan pasado por el aro de las tarifas mínimas.

En ese momento, las asociaciones de usuarios y los sindicatos pondrán el grito en el cielo por los enormes márgenes de los intermediarios que llegan a multiplicar por 400 los precios de algunos productos básicos, y exigirán al Gobierno (lo han hecho ya) que establezca por ley un margen máximo a aplicar en las transacciones comerciales realizadas por los intermediarios, entre los que se encuentran, cómo no, los camioneros.

¿Qué va a hacer el Gobierno en ese momento? ¿Va a establecer un margen mínimo por ley para los transportistas? ¿O va a establecer un margen máximo (evidentemente menor que el otro)? Aquí no van a valer las frases grandilocuentes, las promesas vacías y las declaraciones altisonantes. Aquí no caben las soluciones improvisadas y tirar de chequera de superávit. Aquí, las medidas que se tomen en favor de unos van a hacer mucho daño a los otros.

Estamos en medio de una crisis que todavía no alcanzamos a cuantificar. Es hora de tomar medidas. Medidas duras, impopulares, pero necesarias. Ahora ya no vale prometer a cada uno lo que quiere oír, mientras se dejan rodar las cosas. Me gustaría saber qué va a hacer ahora el Gobierno.