¿Libertad? Sí, pero para todos

Debería sonar extraño que, agotados ya más de siete años de este siglo XXI, hubiese algún país occidental en el que la lucha por la libertad se encontrase en el centro del debate político, pero lo cierto es que, en esta España que nos ha tocado vivir, eso es exactamente lo que sucede: el Gobierno presume de haber otorgado a los ciudadanos más derechos y libertades que los que nunca habían tenido, la oposición denuncia la falta de libertad en determinadas regiones de España, los terroristas coaccionan a grandes sectores de la sociedad... La libertad, hoy igual que hace un siglo, sigue siendo tema fundamental en el discurrir de la política, e incluso de la vida ciudadana, gracias a la aparición y auge de un movimiento liberal que, fundamentalmente desde internet, y gracias a medios como Libertad Digital, nos muestra cómo, en las últimas décadas, y a pesar de lo que dice el Gobierno, la tónica es que cada día cedemos un poquito más de nuestra llibertad, en aras de una seguridad y una comodidad que, paradójicamente, tampoco llegan; y esos pedazos de libertad que cedemos son casi imposibles de recuperar.

En este ambiente de lento pero constante retroceso de nuestra libertad, resulta poco menos que grotesco el espectáculo que nuestros representantes políticos nos ofrecieron el otro día en el Congreso, votando una proposición de Izquierda Unida para ampliar determinados derechos humanos... ¡A los grandes simios! Así, se concede a chimpancés, gorilas y orangutanes los derechos, entre otros, a no ser esclavizados, a no ser maltratados... ¡y a la libertad!

Supongo que tras esta votación, centenares de chimpancés, que hasta ahora vivían muy dignamente en los zoos españoles, vagarán por las calles, intentando encontrar un trabajo digno con el que ganarse la vida, ya que eso es exactamente lo que significa tener derecho a la libertad y a no ser esclavizado. En cuanto a los malos tratos, parece que los impulsores de la medida se olvidan de que, en tanto que animales, la legislación ya prohíbe su maltrato.

Pero yendo un poco más allá, suena un poco a broma de mal gusto que los comunistas exijan libertad para los grandes simios, cuando niegan sistemáticamente esa libertad al simio más cercano que tenemos, que es precisamente el hombre. Porque es falta de libertad no poder decidir qué educación queremos para nuestros hijos, o qué sanidad queremos recibir, o quién queremos que nos suministre determinados servicios públicos, o a qué horas y en qué comercios queremos hacer la compra, o qué acciones o grupos se sufragan o subvencionan con nuestro dinero.

Tenemos un gobierno que, durante cuatro años, se ha desentendido sistemáticamente de los problemas que afectan a los españoles y se ha dedicado a gastar nuestro dinero en tejer una red de intereses diseñada para amordazar a la población y mantenerse en el poder. El último paso ha sido dar unos derechos a los monos mientras otros se restringen a los hombres. Pero el objetivo de esta estrategia está bastante claro: dar derechos humanos a los monos multiplicará el número de votantes de PSOE e IU.

¿Qué va a hacer ahora el Gobierno?

No es una pregunta retórica. Lamentablemente, todo indica que la que se nos viene encima es gorda; muy gorda. El penúltimo acto de esta crisis-que-no-es-una-crisis acabamos de vivirlo los que tenemos la suerte o la desgracia de vivir o trabajar en una gran ciudad o sus alrededores. Los transportistas (antes llamados camioneros) han decidido echarse a la carretera para dar mayor énfasis a su huelga.

Dicen que están al límite de su capacidad de supervivencia, que lo que les pagan con los portes no les llega para pagar el gasóleo que gastan, que se avecina la ruina total del sector... Es posible que tengan razón. Es muy probable que su diagnóstico de la situación sea exacto, pero, ¿qué proponen para solucionarlo? Básicamente, el establecimiento de un "gasóleo profesional" que les abarate el gasto en combustible y una "tarifa mínima obligatoria" que permita aumentar los costes de los portes y que sea revisable en función del precio del gasóleo. En principio, las medidas lógicas y evidentes que cualquiera habría pensado como solución al problema. Pero, ¿son realmente la solución?

Un gasóleo profesional implica la exención de impuestos (como en el gasóleo agrícola o pesquero) o, directamente, la subvención vía Presupuestos Generales del Estado. El problema es que, al menos hasta hoy por la mañana, el dinero de los PGE no lo donan altruistamente los miembros del Gobierno, sino que salen, a través de los impuestos, del bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces, una subvención al gasóleo implica que seamos nosotros los que les ayudemos a llenar el depósito, pervirtiendo la justificación redistributiva de la coacción impositiva (los que más tienen aportan dinero para que también los que menos tienen se beneficien de servicios básicos... o no tan básicos) para hacer que una mayoría (que ya no nada en la abundancia) regale sus escasos ingresos a una minoría que, eso sí, tiene una capacidad de presión desmesurada.

¿Y qué decir de las tarifas mínimas por porte? En principio, la medida menos descabellada que se les ha ocurrido, ya que el precio de los portes debería, entre otras cosas, reflejar los costes de esos portes, por lo que, a mayor precio de las materias primas, mayor precio del servicio que se presta gracias a esas materias primas. Pero el precio no sólo sirve para reflejar el coste de prestar ese servicio; el precio es también el indicador que nos permite decidir si nos es rentable o no adquirir un bien o un servicio. Si un agricultor no va a poder negociar entre distintos transportistas un precio que se adapte a sus necesidades por el simple hecho de que va a venir impuesto por un grupo de presión, tendremos un doble efecto: por un lado, productos que no podrán comercializarse por carecer de posibilidades de transporte, y por otro, un aumento en el precio de venta al público de los productos que hayan pasado por el aro de las tarifas mínimas.

En ese momento, las asociaciones de usuarios y los sindicatos pondrán el grito en el cielo por los enormes márgenes de los intermediarios que llegan a multiplicar por 400 los precios de algunos productos básicos, y exigirán al Gobierno (lo han hecho ya) que establezca por ley un margen máximo a aplicar en las transacciones comerciales realizadas por los intermediarios, entre los que se encuentran, cómo no, los camioneros.

¿Qué va a hacer el Gobierno en ese momento? ¿Va a establecer un margen mínimo por ley para los transportistas? ¿O va a establecer un margen máximo (evidentemente menor que el otro)? Aquí no van a valer las frases grandilocuentes, las promesas vacías y las declaraciones altisonantes. Aquí no caben las soluciones improvisadas y tirar de chequera de superávit. Aquí, las medidas que se tomen en favor de unos van a hacer mucho daño a los otros.

Estamos en medio de una crisis que todavía no alcanzamos a cuantificar. Es hora de tomar medidas. Medidas duras, impopulares, pero necesarias. Ahora ya no vale prometer a cada uno lo que quiere oír, mientras se dejan rodar las cosas. Me gustaría saber qué va a hacer ahora el Gobierno.

Paranoias

Reconozco que este blog "se me ha ido de las manos". Había nacido como un sitio en el que poder hablar de ideologías, de economía, de libertad, de cambio climático... Pero la actualidad es tozuda, y los gobernantes que nos han tocado en suerte y sus amigos de la oposición no dejan de dar excusas para estar pendientes de ellos. De esta forma, un blog en el que debería haber dado rienda suelta a mis ideas se ha convertido en un sitio en el que criticar a los políticos profesionales que controlan nuestras vidas.

Esta semana, evidentemente, no ha sido una excepción. El motivo, sin embargo, parecía una buena noticia, una de esas que desearías oír todas las semanas: fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía francesa detuvieron a la cúpula de ETA, incautándose además de abundante documentación y armas. Vaya por delante mi más sincera felicitación a la Guardia Civil, que tan buenos servicios ha prestado a España en la lucha contra ETA, y que tanta sangre le ha costado. Pero a mí, que debo de ser un paranoico compulsivo (yo tampoco creo que los atentados del 11-M los perpetrasen cuatro moritos traficantes y un tarado) esta noticia me olió mal desde el principio.

Y es que, justo el día anterior, Zapatero se reunió con Ibarreche en la Moncloa, y, si es cierta la escenificación de las ruedas de prensa posteriores, terminaron a tortas. Así, parecería que el Gobierno estuvo retrasando la operación hasta ver si se llegaba a un acuerdo con el Lehendakari; al no conseguirlo, se dio la orden de detener a los etarras, con las cámaras de TVE en primera fila, no fuese a ser que la operación pasase desapercibida.

También podría ser que el desencuentro de la reunión fuese absolutamente fingido: al PSOE no le interesa que la ciudadanía le vea tan próximo al nacionalismo violento, así que escenifican una ruptura y esa misma noche, con el acuerdo del gobierno vasco, detienen a la cúpula de ETA con las cámaras de TVE en primera fila, no vaya a ser que la gente piense que este gobierno no lucha contra ETA.

Y también podría ser que no fuese ninguna de estas dos, pero en este caso, ¿a qué vienen las declaraciones de Pachi López pidiendo un referéndum vinculante avalado por el Estado?

Me estoy volviendo un paranoico, pero es que hay situaciones que, de otra manera, se vuelven inexplicables.

La semana que viene, si me dejan, hablaré de la prohibición de la tenencia de armas (aunque, tal y como están las cosas, tengo pocas esperanzas)

Del enemigo el consejo

Bebiendo un perro en el Nilo
al mismo tiempo corría;
-Bebe quieto -le decía
un taimado cocodrilo.
Díjole el perro, prudente:
-Dañoso es beber y andar
¿Pero, es sano el aguardar
a que me claves el diente?.
¡Oh, qué docto perro viejo!
Yo venero tu sentir
en esto de no seguir
del enemigo el consejo.

Aquello que tenía tan presente Félix María de Samaniego en el siglo XVIII no parece haber hecho demasiada mella en el ánimo de Mariano Rajoy. Como muchos veníamos avisando, una vez que se acercaron las elecciones generales el presidente del PP fue, paulatinamente, abandonando las líneas ideológicas del grueso de su base social para acercarse a ese centrismo del que tanta gala hace.

Porque ni siquiera dejar a Gallardón fuera de las listas al Congreso lo libró de esa línea: muchos vimos esa maniobra únicamente como una excusa para taponar la influencia de Esperanza Aguirre en el programa electoral. El desarrollo de la campaña y los movimientos producidos en el partido tras las elecciones nos han venido a dar la razón. La campaña se centró en la economía y no se tocó ni uno solo de los temas que supuestamente deberían alimentar la línea doctrinal del PP. Ni medidas para paliar la estatalización de la sociedad española, ni el problema de la insolidaridad entre autonomías (con el agua como telón de fondo), ni política exterior, ni educación… Nada. Nada de nada. Sólo un esfuerzo heroico por hacer aparecer al PP como el partido más social, más progresista, más joven y más comprometido con la lucha contra el cambio climático.

Y, cada vez que el PP se negaba a dar la batalla en estos temas, adoptando el punto de vista progre, desde el socialismo se felicitaban, y animaban a Rajoy a seguir por ese mismo camino; a librarse de los lastres del pasado y a contar con caras nuevas con nuevas ideas. Las caras nuevas ya se sabía cuales eran: Gallardón en Madrid, Feijoo en Galicia, Arenas en Andalucía, Piqué en Cataluña… y Arriola pastoreándolos a todos, con Juan Costa creando una campaña electoral a su medida.

Y, cada vez que el PP volvía a sus orígenes y explicaba que sus ideas eran las que eran y no tenían que cambiarlas, en el socialismo se rasgaban las vestiduras y aconsejaban apartar de la toma de decisiones a los responsables de esas ideas. Nuevamente, estos responsables también se sabía quienes eran: Esperanza Aguirre en Madrid, Daniel Sirera en Cataluña, María San Gil en las Vascongadas, Mayor Oreja en Europa, Acebes en la calle Génova…

Desengañémonos: José Blanco es militante del PSOE, no del PP, y nunca va a hacer algo que lleve a la victoria al PP. Por lo tanto, si critica la exclusión de Gallardón, es que esa exclusión no beneficia al PSOE. Si aplaude la designación de Soraya Sáenz de Santamaría, es que esa designacion beneficia al PSOE. Y si desde la progresía en general abominan de la presencia de gente como Esperanza Aguirre, Acebes o Zaplana, es que son esas personas, y no Soraya, Arriola o Costa los que van a darles problemas.

Espero que Rajoy sepa a quién debe hacer caso. Samaniego lo tenía muy claro.

Proporcionalidad (III y conclusión)

Resumiendo las dos entradas anteriores del tema, el actual sistema electoral no beneficia a los partidos nacionalistas minoritarios, sino a los grandes partidos nacionales. Por el contrario, un sistema puramente proporcional que asignase los escaños en función del total de votos obtenidos a nivel nacional, haría proliferar partidos minoritarios que acabarían con la gobernabilidad.

¿Cuáles podrían ser, entonces, las alternativas para evitar esta desproporcionada influencia de los nacionalistas? A mi juicio, sólo dos. La primera, que he oído reiteradamente en muchas tertulias y columnas de opinión pasaría por aplicar un sistema de doble mínimo, de forma que, para conseguir representación parlamentaria, no sólo se debería obtener un mínimo de un 5% de votos en cada circunscripción sino también en el total nacional. Con estos números, el parlamento quedaría copado por PSOE y PP, ya que el tercer partido en número de votos (IU) obtuvo únicamente el 3,84%. Si se redujese el porcentaje mínimo al 3% entrarían en el parlamento IU y CiU, con un total de 24 escaños entre los dos, lo que les daría una fuerza evidente a la hora de constituirse en partidos bisagra, sobre todo en momentos como los actuales, de gran equilibrio entre los dos partidos mayoritarios.

De todas formas, un sistema que limite por ley la capacidad de un partido para acceder al parlamento estableciendo una línea de corte en el porcentaje de votos necesarios incluso antes de que se celebren las elecciones volvería a conculcar el sistema de "un hombre, un voto", ya que un voto emitido a una lista poco representada no será en ningún caso tenida en cuenta. A todos aquellos que protestan por la poca calidad democrática del sistema actual no les puede valer un sistema en el que sólo se admite el voto a los partidos mayoritarios (que han llegado a serlo, por otro lado, gracias a un sistema de concentración de voto, eliminando listas minoritarias circunscripción a circunscripción).

La segunda opción pasa por aplicar el principio democrático de la división de poderes. Actualmente es el poder legislativo el que, mediante una votación interna en las cortes designa al ejecutivo. Esto es así porque, según la Constitución Española las cortes son la sede de la soberanía nacional; es decir, son las cortes, en su calidad de representantes de la soberanía las que eligen al gobierno. Dicho de otro modo, es el poder legislativo el que elige al ejecutivo, y, como a su vez, elige tembién al judicial, no existe una división real de poderes.

¿Qué pasaría si las elecciones legislativas nada tuviesen que ver con el gobierno? ¿Y si en estas elecciones sólo se eligiesen a los parlamentarios y senadores, y el Presidente del Gobierno fuese elegido en unas elecciones presidenciales aparte? En este caso, el presidente podría ser elegido por un sistema proporcional de doble vuelta, de forma que la formación de gobierno no dependiese del chantaje de ningún grupo político. De esta forma, además, se elegiría a una persona como Presidente de Gobierno, no a un partido político. Y de esta forma, además, no habría ningún problema en que en las Cortes proliferasen partidos minoritarios (nacionalistas o no), ya que dejarían de tener influencia sobre el gobierno.

Cierto es que la redacción y aprobación de las leyes volvería a estar en manos de estos grupos minoritarios, pero, en un sistema con una efectiva separación de poderes, esto no debería ser un problema. En España tenemos la costumbre de redactar leyes para todo. Como todo debe estar aprobado por el parlamento, todo debe ser convertido en ley. Pero un gobierno no debería aprobar leyes para cualquier actuación; un gobierno debería gobernar con decretos, y dejar las leyes para donde se tienen que aplicar: en el ámbito judicial.

Por tanto, tres medidas son imprescindibles para normalizar y asentar la vida democrática: Un sistema de elección presidencial a doble vuelta, un sistema puramente proporcional para las cortes y un sistema de gobierno por decretos, vigilado y regulado por el parlamento y los jueces. Esto es: separación efectiva de poderes.

Si a alguien le parece que este sistema realmente no cambiaría nada, ya que el presidente del gobierno saldría elegido invariablemente de entre las filas del partido más votado, le invitaría a hacer la reflexión siguiente: ¿En qué posición habría quedado Rosa Díez si estas últimas elecciones hubiesen sido presidenciales? ¿Cuánta gente no la ha votado simplemente porque su partido no tenía ninguna oportunidad de gobernar?

Queda en el aire la pregunta.

No votaré a Rajoy

Hoy pensaba publicar la tercera y última parte del análisis que venía haciendo sobre la ley electoral en España, pero creo que merece la pena dejarla para más adelante. El motivo ha sido la salida a la escena política (por fin, después de seis semanas) de don Mariano Rajoy. Seis semanas de silencios, de callar más que decir, de aplazamientos de estrategias, de nombramientos que parecían el parto de los montes...

Seis semanas en las que el PP parecía de vacaciones (¡qué cansada ha sido la campaña electoral!) mientras que el PSOE se ponía en movimiento, manteniendo a María Emilia Casas como presidenta del Tribunal Constitucional, forzando la máquina para que los recursos del juicio del 11-M se decidieran cuanto antes (habría que ser muy malpensado para imaginarse que podría ser para dar carpetazo al asunto cuanto antes), manteniendo en el gobierno a algunos de los ministros más incompetentes y sectarios de la democracia o aprobando el trasvase- que- no- es- un- trasvase para llevar el agua- del- Ebro- que- en- realidad- no- viene- del- Ebro a Barcelona.

Según pasaba el tiempo y el PP se mantenía a la espera, sin hacer una oposición real porque había que esperar a ver cómo se comportaban los nuevos ministros (¿verdad, Soraya?) una cantidad creciente de simpatizantes pensábamos que se debía únicamente a una estrategia encaminada a forzar el descontento entre las filas del partido para hacer saltar a los disidentes y ponerlos en evidencia antes del congreso de Junio. Y la primera en saltar fue, cómo no, Esperanza Aguirre.

Podríamos pensar que fue ingenua y mordió el anzuelo, pero yo prefiero argumentar que fue valiente y decidió dar el salto y poner las cartas sobre la mesa antes que asegurar su propia seguridad personal. A partir de ahí, respondió el de siempre, avisándola de que no tendría apoyos (él sí los tuvo, sin embargo, cuando se presentó Manuel Cobo a la presidencia del PP en Madrid). A partir de ese momento, se desató la lucha entre facciónes. Con Aguirre, el PP de Madrid en pleno (excepto los de siempre), Alejo Vidal-Quadras, Álvarez Cascos y mucha gente que cree que el mensaje liberal es lo que necesita la sociedad española. Por el otro lado, aparte de Gallardón y su séquito, Arenas, Camps, Valcárcel, Sirera y tantos otros que creen que su continuidad en la poltrona depende de llevarse bien con el jefe. En el medio, gente como Mayor-Oreja, que parece que todavía no se han decidido.

Y una vez definidas las posturas, el gran jefe lanza el envite: en su partido caben todos, incluida la socialdemocracia, y el que no esté a gusto, que se vaya al Partido Liberal o al Conservador. Es decir, que caben todos... excepto los liberales o los conservadores.

Se cayeron las caretas. Se destapó el engaño. Cuatro años de lucha tirados a la basura. Por fin hemos descubierto cuál va a ser la política de Mariano Rajoy y compañía para el futuro. Han triunfado las tesis de Gallardón y de Piqué; de Feijoo y de Rato; de Arriola y de Costa... Ha calado la idea de que manteniendo planteamientos propios de la derecha, el PP nunca ganará unas elecciones: debe centrarse, acercándose a las tesis socialistas. No se da cuenta de que estas últimas elecciones las ha perdido no por desplazarse demasiado a la derecha, sino quizás por ser demasiado tibio en sus planteamientos en contra de los desmanes del gobierno. Muchos nos hemos cansado de avisar de que si perpetra ese giro al centro, es posible que gane algunos votos de socialistas desengañados, pero perderá muchos de los votos naturales de la derecha. Él sabrá lo que hace.

¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha traicionado a sus electores y se ha echado en brazos de quien quiere destruirlo? Permitidme lanzar al aire una hipótesis: A don Mariano le han convencido de que no podrá ganar unas elecciones sin el apoyo de los medios de comunicación. Y ahora mismo, apoyo, lo que se dice apoyo, no tiene el de ninguno. Los medios que se muestran muy críticos con el Gobierno (la COPE, la Razón, Libertad Digital, a veces El Mundo y muy poquitos más) no se sienten obligados a dar un cheque en blanco al PP con tal de que no gane el PSOE; lo apoyarán siempre que sus políticas se adapten a los ideales de estos medios, ideales que, por otra parte no siempre coinciden entre ellos. Por lo tanto, el PP, haga lo que haga, nunca tendrá el apoyo unánime de un sector grande de la prensa.

Por otro lado, no es ningún secreto que el equilibrio de poder en la prensa de izquierdas se ha desplazado: tras la muerte de Polanco, el grupo Prisa ha perdido el favor del PSOE, que ha otorgado su confianza a la Mediapro de Roures, por lo que necesita ahora un aliado que la mantenga en la posición de privilegio que ha disfrutado en las últimas décadas. Ese aliado bien podría ser el PP, siempre, claro, que modifique sus políticas hacia posiciones más "socialdemócratas", por lo que no debe extrañar la flojera de piernas ideológica que le entraría a Mariano Rajoy ante la perspectiva de contar, de la noche a la mañana, con el apoyo de El País y la SER. En este sentido, no dejan de ser clarificadoras sus palabras aludiendo a que a él le han pedido presentarse los militantes, no una radio o un periódico (toma puñalada a la COPE y a El Mundo).

Pero, en ese caso, que no cuente con mi voto. He pasado en las últimas elecciones de la abstención al voto popular simplemente para parar la descomposición democrática que se está produciendo en España y para que se empiecen a aplicar, de una vez por todas políticas liberales que nos pongan a la cabeza de Europa. Si vamos a ir por los caminos de la socialdemocracia, que no cuenten conmigo: mientras siga en el PP este equipo dirigente, no lo volveré a votar. Ya que se va a seguir por el camino de la desigualdad y de la destrucción del edificio constitucional, prefiero que lo hagan los socialistas y criticarlos por ello, a que lo haga un partido al que he confiado mi voto.

Proporcionalidad (II)

Comentaba en el post anterior que el actual sistema electoral beneficia en gran medida a los grandes partidos nacionales (PP y PSOE), y no a los nacionalistas, como habitualmente se asegura. Intentaré argumentarlo con datos.

En el sistema electoral actual se siguen los cálculos de la famosa ley d'Hont. El país se divide en circunscripciones electorales (asimiladas a las provincias) a las que corresponde un número determinado de escaños dependiendo de su población, siempre con un mínimo de un escaño por circunscripción. Para asignar estos escaños a los partidos políticos se siguen una serie de cálculos que reparten proporcionalmente los escaños entre todos los partidos que hayan obtenido al menos el 5% de los votos. De esta forma, un mismo número de votos resulta en una diferente asignación de escaños dependiendo de la circunscripción, lo que vulnera la idea de "un hombre, un voto". Además, este sistema fomenta la existencia del llamado "voto basura", es decir aquellos votos que, una vez alcanzado un límite, no ayudan al partido a conseguir más escaños. El ejemplo más extremo de este voto basura se da en Ceuta y Melilla: con un escaño en juego para cada una, todos los votos que el primer partido sobrepase al segundo son, en realidad votos "tirados a la basura".

¿Cómo conseguir modificar esta situación? La idea más generalizada es que un voto debería tener el mismo valor en Vigo, en Alcalá de Henares, en Sort y en Melilla. Esto implicaría la creación de un sistema de circunscripción única donde los votos que sobran en Madrid se pudiesen sumar a los que faltan en Murcia para obtener un nuevo escaño. Según la mayor parte de la gente, esto hundiría a los nacionalistas, cuyos votos se verían diluidos en el conjunto de España y perderían gran parte de su poder. Vamos a ver qué parte de verdad hay en esta afirmación.

Muestro a continuación los datos (número de votos y número de escaños) resultantes de las últimas elecciones generales de Marzo de 2008. Incluyo únicamente aquellos partidos que han obtenido representación parlamentaria. Están ordenados por número de votos para que se aprecie mejor la incoherencia voto/escaño:


Llama la atención que un partido que ha obtenido casi un millón de votos se vea recompensado con dos escaños, mientras que otro con tres cuartos de millón obtenga 11, por lo que se entienden las protestas de estos partidos.

Comprobemos ahora cómo quedaría el parlamento aplicando una ley puramente proporcional (a más votos, más escaños). Ignoro si habrá otro método de hacer las cuentas; el método que yo he seguido ha sido dividir el número total de votos válidos (25.067.387) entre los escaños en juego (350), para saber cuántos votos cuesta cada escaño (en este caso, 71.621). Si dividimos el número total de votos obtenidos por cada partido entre la relación voto/escaño, obtenemos el número de escaños asignados a cada formación. Aquellas formaciones que consiguen escaño con menos de 71.000 votos lo hacen debido a los decimales de la división. Los datos son los siguientes:


¿Qué consecuencias se extraen de estas tablas? En primer lugar, los partidos nacionalistas no sólo no se han hundido, sino que han proliferado. El único partido nacionalista que pierde escaños con este sistema es el PNV, que pasaría de 6 a 4. CiU se mantiene, al igual que CC-PNC y Na-Bai, y entran en el congreso partidos nacionalistas como el Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y Coalición Andalucista, así como otros no nacionalistas, como Ciudadanos, Los Verdes o el Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal. Los grandes beneficiados serían Izquierda Unida (11 escaños más) y Unión, Progreso y Democracia (3 escaños), mientras que los grandes perjudicados son el Partido Socialista (pierde 15 escaños) y el Partido Popular (pierde 11). ¿Entendemos ahora por qué no se ha cambiado todavía la ley?

Por lo tanto, un sistema proporcional no sólo no ayuda a la gobernabilidad, sino que paralizaría la vida del Congreso, al restar capacidad de acción a los partidos mayoritarios y multiplicar la presencia de partidos minoritarios, en un remedo de lo que llevó a fracasar al parlamentarismo en la Segunda República.

Pero entonces, ¿Cuál es la solución para evitar este cúmulo de despropósitos? La respuesta, en un hilo posterior.