Categoría 5

Al final, la sangre no ha llegado al río, y el río no ha anegado medio Louissiana, como muchos llevan esperando desde hace tiempo.

Cuando hace tres años el Katrina provocó una catástrofe en Nueva Orleans, millones de gargantas elevaron su voz para clamar contra el cambio climático, que había producido ese ciclón asesino. Dejándose arrastrar por la corriente, los funcionarios del IPCC, y sobre todo, el ilustre Al Gore, vaticinaron que el aumento de la temperatura en el Golfo de México produciría en el futuro un aumento en el número e intensidad de los ciclones en el Atlántico Norte. Y claro, el problema del IPCC es que resulta de lo más convincente... excepto cuando hace predicciones a corto plazo, ya que, hasta la fecha, ninguna se ha cumplido.

Llevan desde hace tres años esperando el huracán que se lleve por delante todo el sur de Estados Unidos para poder emerger de entre las tierras anegadas con el "te lo dije" de la autosatisfacción. Pero la Naturaleza se resiste a darles la razón. Cada año permanecen atentos a sus pantallas para ver si, esta vez sí, el Armaggedon se desata sobre las tierras bajas del río Mississippi, para regresar después a sus cubiles esperando el próximo ciclón. Y es que, aunque les duela, el número de huracanes y su intensidad han descendido desde el Katrina.

Este año todo estaba de cara. Gustav, un ciclón de categoría 4, entraba en el Golfo de México tras haber golpeado Cuba, Haití y Puerto Rico, y se dirigía directo hacia Nueva Orleans. Las noticias fueron unánimes: se fortalecerá durante su paso por el mar para llegar a Louissiana con categoría 5 y vientos de más de 300 kilómetros por hora. Era el desastre. La ciudad estaba sentenciada. Se organizó la evacuación de más de dos millones de personas. Bush se atrincheró en el gabinete de crisis y Gore se agazapó en su madriguera dispuesto a saltar sobre las centrales térmicas...

Sin embargo, dispuesto a llevar la contraria al IPCC, Gustav perdió intensidad a su paso por Cuba y entró en el Golfo de México con categoría 3. Los expertos auguraron un fortalecimiento durante su travesía por el recalentado mar y su llegada a la costa igual de destructivo, pero, lejos de obedecer las órdenes de los salvadores del planeta, el indisciplinado huracán siguió perdiendo fuerza para llegar al delta del Mississippi con categoría 2 y convertirse de inmediato en una tormenta tropical, en su camino hacia Texas.

Ya se está formando un nuevo ciclón en el Atlántico (Hanna), pero parece que habrá que esperar al año que viene para contemplar la tormenta perfecta que borre a la tóxica raza humana de la faz de la tierra.

Definitivamente, lo que no deja de aumentar es el número de tontos de categoría 5, que, además, se están fortaleciendo.

PAC

El otro día fui a comprar manzanas.

Comparé precios y me di cuenta de que en Mozambique estaban baratísimas: me cobraban 10 cuando en España me pedían 50; así que me dije: perfecto, me compro trescientas mil toneladas, las vendo en España a 20, y consigo tres objetivos: ayudo a controlar la inflación (que está disparada), meto dinero en Mozambique, que buena falta les hace, y yo me hago inmensamente rico.

Pero algo falló; cuando fui a pedir los permisos al ministerio correspondiente me dijeron que no podía hacer eso, porque si vendía a ese precio los agricultores españoles no podrían hacer frente a la competencia y se arruinarían, por lo que me iban a cobrar 80 en concepto de aranceles.

Todo mi gozo en un pozo, decidí que mi negocio había fracasado antes de empezar, y compré mis manzanas a un francés muy amable, que me las cobró a 60, porque la inflación está disparada, y estaban destruyendo excedentes para mantener los precios elevados.

El caso es que el dinero que tenía apalabrado con Mozambique no les llegó, y muchas de las inversiones comprometidas no se pudieron llevar a cabo por falta de liquidez, con lo que su crisis se agravó. Entonces, vino el gobierno a decirme que le entregase una parte de mis beneficios para hacerlo llegar a Mozambique en concepto de ayuda al desarrollo. Protesté enérgicamente, porque me parecía un timo que no me hubiesen permitido invertir en Mozambique, que me hubiesen obligado a gastarme seis veces más dinero en comprar mis productos en Francia, y ahora me hiciesen pagar más dinero para entregárselo a Mozambique. Me dijeron que así eran las cosas y que, de todas formas no me podía negar, porque estaba previsto en los presupuestos generales, y ya me lo habían quitado vía impuestos.

Con ese dinero compraron trescientas mil toneladas de manzanas, que se hicieron llegar a Mozambique como ayuda humanitaria, y se repartieron entre la población. La gente, entonces, dejó de comprar manzanas a los agricultores locales, con lo que éstos se arruinaron, dejaron de atender sus cultivos por falta de dinero, y enormes extensiones de manzanos quedaron baldías. Cuando la ayuda internacional se acabó, los mozambiqueños ya no tenían dónde comprar manzanas, lo que hizo que sobreviniera una gran hambruna que tuvo como resultado que, durante dos meses, tuviésemos en el telediario de las tres de la tarde imágenes de negritos de ojos tristes y barrigas hinchadas, víctimas del capitalismo feroz que esquilma los recursos de los países del tercer mundo.

Ayer, unos de una ONG vinieron a mi casa para que apadrinase a un niño mozambiqueño por una módica cantidad... Casi se me saltan las lágrimas.

Hay que apretarse el cinturón

Pues sí. Parece ser que apretarse el cinturón se está convirtiendo en la panacea para salir airosos de esta crisis-que-no-es-crisis. Y no sólo por parte del gobierno: desde casi cualquier ámbito se está recomendando la austeridad como solución. Es evidente: como la culpa de la crisis no la tenemos nosotros, sino que ha sido creada por Estados Unidos con la guerra de Irak y las hipotecas subprime, no podemos hacer nada para intentar corregirla. Sólo podemos tener confianza y sentarnos a esperar que escampe. ¡Ah! Y apretarnos el cinturón, que en estas circunstancias, el consumismo feroz sólo puede alimentar el fuego.

Veamos; desde hace ya años se venía asumiendo que el modelo de crecimiento económico de España estaba totalmente desequilibrado, porque no producía riqueza. Entonces, ¿cómo era capaz de crecer a un ritmo de alrededor del 4%? Apoyándose en tres patas: Construcción (fundamentalmente de vivienda residencial), consumo privado, y financiación exterior (que proporciona el dinero para las otras dos) principalmente mediante la compra de deuda pública. Estas tres patas son fruto de la ilusión de un dinero barato y abundante creado por unos tipos de interés extraordinariamente bajos.

La crisis financiera que nos tiene a todos en vilo ha incidido directamente sobre el primer y tercer pilar del crecimiento español: la falta de confianza y un dinero cada vez más caro han cortado de raíz la entrada de financiación en España, lo que nos ha llevado a una crisis de liquidez que ha hecho que, en primer lugar, los bancos se hayan vuelto súbitamente muy escrupulosos a la hora de conceder créditos, y en segundo lugar, que las empresas constructoras tengan problemas muy serios a la hora de encontrar financiación para construir las viviendas, e incluso para terminar las que ya están empezadas.

Con la entrada de capital congelada y la construcción en K.O. técnico, la única pata que podría mantener nuestra economía al ralentí es el consumo privado. La austeridad podría ser una salida, siempre y cuando el dinero ahorrado pudiese ir destinado a la financiación empresarial vías fondos de inversión o aumento de la liquidez bancaria mediante depósitos. Pero el tratamiento fiscal del ahorro en España es tan desfavorable para el ahorrador que todo apunta a que ese dinero se quedaría guardado bajo el colchón, perdiendo valor mes a mes con una inflación que supera ya holgadamente el 5%.

Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer en estos momentos (siempre dentro de las posiblidades de cada cual) es, precisamente, consumir. Porque los efectos de apretarse el cinturón ya los estamos viviendo: empresas de automóviles que despiden trabajadores, agencias de viajes que cierran, negocios que van a la quiebra... Todo ello se traduce en lo mismo: más paro; por consiguiente, más dinero empleado en el seguro de desempleo, menos cotizantes para hacerse cargo de las pensiones y de la sanidad, lo que lleva a más carga fiscal para los que han tenido la suerte de no quedarse sin empleo.

Consumiendo, las empresas tienen una vía alternativa de financiación (la venta de sus productos). Es seguro que ésto, por sí sólo, no vaya a sacarnos de la crisis, pero por lo menos nos mantendrá a flote hasta que cambien las tornas.

Los que tienen que apretarse el cinturón son las administraciones públicas, reduciendo su tamaño, eliminando ministerios inservibles (se me ocurren, de momento, dos) y reduciendo la carga fiscal sobre las familias y las empresas. Ésto, y no la austeridad de los ciudadanos, es lo que nos sacará de la crisis.

Acatar la ley

Una de las cosas buenas que tiene la democracia es que simplifica enormemente las relaciones sociales: la ciudadanía vota mayoritariamente una opción política que, con mayor o menor acierto, legisla el marco de convivencia de la sociedad; luego, si surgen discrepancias, los jueces evalúan los modos de comportamiento en base a las leyes y dictan unas sentencias que son de obligado cumplimiento. Es así de sencillo.

En la práctica, el sistema se pervierte, debido a que, o bien aparecen nuevos modos de comportamiento que no se encontraban especificados en las leyes, o bien el poder ejecutivo, amparado en el legislativo, desea desbordar el sistema legal. En ese momento la batalla se traslada a la judicatura, que debe ejecutar sentencias a sabiendas de que está bajo la atenta mirada de todo el poder político. Tras ello, empieza a ser habitual la coletilla de "acatamos la sentencia"; si ésta es seguida de un "pero", es síntoma de que no la acatan en absoluto, y si va seguida de elogios al juez, significa que, por esta vez, se ha dictado la sentencia que se esperaba.

No nos engañemos: nadie respeta las leyes. Las aplicamos si favorecen a nuestros intereses y renegamos de ellas cuando no lo hacen. Es sintomático el hecho de que cuando una sentencia contradice al Gobierno, es síntoma de la independencia judicial, mientras que si le da la razón no puede ser otra cosa que servilismo al poder político. Y estos años hemos tenido ejemplos para aburrir.

Hace un par de días ha saltado la noticia de que Ignacio de Juana va a salir de la cárcel después de haber cumplido sólo 21 años de los 3000 a los que estaba condenado. No se puede hacer otra cosa, ya que la ley prohíbía que pasase más tiempo en prisión. Afortunadamente, la ley ya se ha cambiado para que, a partir de ahora se cumplan íntegramente los treinta años de pena. ¿Qué ley era la "legal"? ¿La anterior o la nueva? Además, se ha sabido que va a vivir en un entorno donde se concentan no menos de diez víctimas del terrorismo, lo que ha hecho dar la voz de alarma. ¿Cómo se puede evitar que pasen estas cosas? En teoría, de Juana ha cumplido su pena en la cárcel; probablemente no esté rehabilitado, pero es un hombre libre, sin causas pendientes con la Justicia. Como tal hombre libre, le asiste el derecho de vivir donde le dé la gana. Si se modifica la legislación para evitar que un delincuente que ya ha cumplido condena viva cerca de sus víctimas, ¿qué clase de libertad tendrá esa persona? ¿Qué diferencia hay entre cambiar la ley e infringirla sin más?

Mucho se les llena la boca a la mayoría de los políticos sobre si algo es constitucional o no. Parece que estar reflejado en la Constitución confiere a algo una aureola de hiperlegitimidad intocable. Así, por ejemplo, no se cansan de recordar que la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna. Parece ser que esa maldita frase obliga a los gobiernos a gastarse nuestro dinero en viviendas para todo el mundo. Sin embargo, la Constitución también consagra la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria al trono de España. ¿Qué diferencia hay entre las dos frases? ¿Es acaso una más constitucional que la otra?

Algo parecido pasa con la ley sobre el aborto. Una ley que regula minuciosamente los casos en los que se puede abortar, pero que parece que a la progresía se le ha quedado pequeña. La última ocurrencia de la Vicepresidenta ha sido decir que se van a buscar fórmulas "imaginativas" para hacer una ley "vanguardista". ¿Qué diferencia hay, entonces, entre un médico que practica un aborto fuera de los casos que establece la ley y un gobierno que modifica la ley a su antojo para que se puedan hacer cosas que antes estaban penadas?

Es muy difícil acatar las leyes cuando establecen formas de comportamiento que no nos agradan. Es más difícil aún cuando, como es nuestro caso, las leyes tienden a regular hasta los más insignificantes de nuestros actos; de esta forma, pequeños cambios en el comportamiento social exigen cambios legislativos que de otra forma no habrían sido necesarios.

Tenemos demasiadas leyes. El Gobierno se mete demasiado en nuestras vidas. En vez de tanta legislación tan específica, lo que necesitamos es, primero, un marco moral de comportamiento bien definido; segundo, pocas leyes generales que regulen ese marco de comportamiento; y tercero, jueces independientes que interpreten esas pocas leyes en función del marco moral. Cuando consigamos esto, no hará falta que el gobierno de turno cambie la legislación para que los terroristas no puedan ocupar cargos públicos, para que no haya calles con nombres de asesinos o para que un asesino no pueda montar una tienda bajo la casa de su víctima.

¡Que dejen de tomarnos el pelo!

Hace unos años, un grupo de burócratas de Francia y Alemania decidieron que se habían equivocado con el Tratado de Niza. Ese tratado que, por empeño personal de un reaccionario llamado José María Aznar equilibraba el reparto de poder en Europa desplazándolo del eje franco-alemán al conjunto de países medianos que compartían intereses comunes, muchas veces contrapuestos a los de los grandes países (Francia, Alemania y Reino Unido).

Pusieron, por tanto, en marcha sus estrategias publicitarias para convencernos de que la "construcción europea" necesitaba una constitución que diese legitimidad democrática a sus instituciones y a las decisiones que ellas tomasen. Y una vez convencidos los políticos, parieron un engendro que dinamitaba el equilibrio de poder que había establecido Niza, multiplicaba la burocracia y el intervencionismo y convertía a Europa, básicamente, en un enorme recolector de dinero que alimentase a la Política Agraria Común (PAC) a mayor gloria de Francia.

Una vez convencidos los políticos de que "Europa" necesitaba urgentemente esta constitución, comenzó el proceso por el cual se gastó una cantidad verdaderamente obscena de dinero para convencer a la gente comun de lo mismo. Los argumentos variaron según el país, pero aquí fueron básicamente tres: "Si votas en contra es que estás en contra de Europa", "Si no ratificamos la Constitución nos quedamos fuera de Europa" y "No hace falta que te leas el proyecto, porque los que saben ya se lo han leído y nos han dicho que es buena".

En fin, que el proceso de convalidación especificaba que la ratificación seguiría adelante a no ser que tres o más países votasen en contra. Esto quería decir que, si España y Grecia rechazaban el proyecto, la constitución entraría en vigor de todas formas y estos dos países quedarían en una especie de limbo que, muy oportunamente, decidieron no aclarar quienes redactaron el proyecto de constitución.

Pero no fueron España y Grecia los que votaron en contra, sino Francia y Holanda. Y, rompiendo todas las normas, decidieron no seguir adelante con el proceso. De repente, ya no tenía ninguna importancia que Europa no tuviese una constitución, y que el tratado de Niza siguiese vigente. De repente, Niza no tenía caducidad y podía seguir siendo aplicado sin problemas. Pero claro, Francia no podía quedarse cruzada de brazos.

Inmediatamente después comenzó a gestarse un nuevo engendro que sustituyese a la "constitución". Lo llamaron "Tratado de Lisboa". Sus entresijos nos son completamente desconocidos, ya que han decidido que no es necesario que los conozcamos. Además, para evitar molestos contratiempos con los referéndums, se estableció que debería ser aprobado únicamente por los parlamentos nacionales. En compensación, el nuevo tratado debería contar con unanimidad. Es decir, si un solo país votaba en contra, el tratado no se aplicaba. Con buen criterio, pensaban; "¿Quién va a ser el listo que se atreva a aparecer como euroescéptico en estos momentos?".

Pero llegó Irlanda, que, por un pequeño problema llamado Constitución Irlandesa estaba obligada a presentar el tratado a consulta. Y, cómo no, salió rechazado. ¡Qué horror! Habrá que paralizar la aplicación del tratado; La construcción europea se tambalea...

En absoluto. Las grandes cabezas pensantes de la burocracia europea decidieron que el rechazo irlandés no era lo suficientemente importante y que, por lo tanto, el proceso de ratificación seguía adelante. Dignos herederos del referéndum español sobre la OTAN, en el que, si votabas que sí, nos quedábamos, y si votabas que no, no nos íbamos. Hace pocos días, y a la vista del resultado irlandés, el primer ministro polaco anunció que, a pesar de haber aprobado el tratado en el parlamento, la presidencia no iba a ratificarlo. Habrá que estar atentos para ver si a Francia le queda un poco de vergüenza, y esta vez, aunque sólo sea esta vez, se decide a aceptar lo que diga la mayoría y no a hacer su santa voluntad.

Y, por favor, que dejen de tomarnos el pelo con la puñetera Europa.

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Un pequeño comentario de actualidad: Izquierda Unida ha presentado una moción para, en aplicación de la ley de memoria histórica, eliminar del escudo nacional y del escudo real los símbolos franquistas; a saber: la cruz de San Andrés (cruz de Borgoña) y el yugo y las flechas. Yo no sé si lo han hecho por ignorancia o por estupidez, pero ninguna de las dos cosas son admisibles en un representante político.

¿Libertad? Sí, pero para todos

Debería sonar extraño que, agotados ya más de siete años de este siglo XXI, hubiese algún país occidental en el que la lucha por la libertad se encontrase en el centro del debate político, pero lo cierto es que, en esta España que nos ha tocado vivir, eso es exactamente lo que sucede: el Gobierno presume de haber otorgado a los ciudadanos más derechos y libertades que los que nunca habían tenido, la oposición denuncia la falta de libertad en determinadas regiones de España, los terroristas coaccionan a grandes sectores de la sociedad... La libertad, hoy igual que hace un siglo, sigue siendo tema fundamental en el discurrir de la política, e incluso de la vida ciudadana, gracias a la aparición y auge de un movimiento liberal que, fundamentalmente desde internet, y gracias a medios como Libertad Digital, nos muestra cómo, en las últimas décadas, y a pesar de lo que dice el Gobierno, la tónica es que cada día cedemos un poquito más de nuestra llibertad, en aras de una seguridad y una comodidad que, paradójicamente, tampoco llegan; y esos pedazos de libertad que cedemos son casi imposibles de recuperar.

En este ambiente de lento pero constante retroceso de nuestra libertad, resulta poco menos que grotesco el espectáculo que nuestros representantes políticos nos ofrecieron el otro día en el Congreso, votando una proposición de Izquierda Unida para ampliar determinados derechos humanos... ¡A los grandes simios! Así, se concede a chimpancés, gorilas y orangutanes los derechos, entre otros, a no ser esclavizados, a no ser maltratados... ¡y a la libertad!

Supongo que tras esta votación, centenares de chimpancés, que hasta ahora vivían muy dignamente en los zoos españoles, vagarán por las calles, intentando encontrar un trabajo digno con el que ganarse la vida, ya que eso es exactamente lo que significa tener derecho a la libertad y a no ser esclavizado. En cuanto a los malos tratos, parece que los impulsores de la medida se olvidan de que, en tanto que animales, la legislación ya prohíbe su maltrato.

Pero yendo un poco más allá, suena un poco a broma de mal gusto que los comunistas exijan libertad para los grandes simios, cuando niegan sistemáticamente esa libertad al simio más cercano que tenemos, que es precisamente el hombre. Porque es falta de libertad no poder decidir qué educación queremos para nuestros hijos, o qué sanidad queremos recibir, o quién queremos que nos suministre determinados servicios públicos, o a qué horas y en qué comercios queremos hacer la compra, o qué acciones o grupos se sufragan o subvencionan con nuestro dinero.

Tenemos un gobierno que, durante cuatro años, se ha desentendido sistemáticamente de los problemas que afectan a los españoles y se ha dedicado a gastar nuestro dinero en tejer una red de intereses diseñada para amordazar a la población y mantenerse en el poder. El último paso ha sido dar unos derechos a los monos mientras otros se restringen a los hombres. Pero el objetivo de esta estrategia está bastante claro: dar derechos humanos a los monos multiplicará el número de votantes de PSOE e IU.

¿Qué va a hacer ahora el Gobierno?

No es una pregunta retórica. Lamentablemente, todo indica que la que se nos viene encima es gorda; muy gorda. El penúltimo acto de esta crisis-que-no-es-una-crisis acabamos de vivirlo los que tenemos la suerte o la desgracia de vivir o trabajar en una gran ciudad o sus alrededores. Los transportistas (antes llamados camioneros) han decidido echarse a la carretera para dar mayor énfasis a su huelga.

Dicen que están al límite de su capacidad de supervivencia, que lo que les pagan con los portes no les llega para pagar el gasóleo que gastan, que se avecina la ruina total del sector... Es posible que tengan razón. Es muy probable que su diagnóstico de la situación sea exacto, pero, ¿qué proponen para solucionarlo? Básicamente, el establecimiento de un "gasóleo profesional" que les abarate el gasto en combustible y una "tarifa mínima obligatoria" que permita aumentar los costes de los portes y que sea revisable en función del precio del gasóleo. En principio, las medidas lógicas y evidentes que cualquiera habría pensado como solución al problema. Pero, ¿son realmente la solución?

Un gasóleo profesional implica la exención de impuestos (como en el gasóleo agrícola o pesquero) o, directamente, la subvención vía Presupuestos Generales del Estado. El problema es que, al menos hasta hoy por la mañana, el dinero de los PGE no lo donan altruistamente los miembros del Gobierno, sino que salen, a través de los impuestos, del bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces, una subvención al gasóleo implica que seamos nosotros los que les ayudemos a llenar el depósito, pervirtiendo la justificación redistributiva de la coacción impositiva (los que más tienen aportan dinero para que también los que menos tienen se beneficien de servicios básicos... o no tan básicos) para hacer que una mayoría (que ya no nada en la abundancia) regale sus escasos ingresos a una minoría que, eso sí, tiene una capacidad de presión desmesurada.

¿Y qué decir de las tarifas mínimas por porte? En principio, la medida menos descabellada que se les ha ocurrido, ya que el precio de los portes debería, entre otras cosas, reflejar los costes de esos portes, por lo que, a mayor precio de las materias primas, mayor precio del servicio que se presta gracias a esas materias primas. Pero el precio no sólo sirve para reflejar el coste de prestar ese servicio; el precio es también el indicador que nos permite decidir si nos es rentable o no adquirir un bien o un servicio. Si un agricultor no va a poder negociar entre distintos transportistas un precio que se adapte a sus necesidades por el simple hecho de que va a venir impuesto por un grupo de presión, tendremos un doble efecto: por un lado, productos que no podrán comercializarse por carecer de posibilidades de transporte, y por otro, un aumento en el precio de venta al público de los productos que hayan pasado por el aro de las tarifas mínimas.

En ese momento, las asociaciones de usuarios y los sindicatos pondrán el grito en el cielo por los enormes márgenes de los intermediarios que llegan a multiplicar por 400 los precios de algunos productos básicos, y exigirán al Gobierno (lo han hecho ya) que establezca por ley un margen máximo a aplicar en las transacciones comerciales realizadas por los intermediarios, entre los que se encuentran, cómo no, los camioneros.

¿Qué va a hacer el Gobierno en ese momento? ¿Va a establecer un margen mínimo por ley para los transportistas? ¿O va a establecer un margen máximo (evidentemente menor que el otro)? Aquí no van a valer las frases grandilocuentes, las promesas vacías y las declaraciones altisonantes. Aquí no caben las soluciones improvisadas y tirar de chequera de superávit. Aquí, las medidas que se tomen en favor de unos van a hacer mucho daño a los otros.

Estamos en medio de una crisis que todavía no alcanzamos a cuantificar. Es hora de tomar medidas. Medidas duras, impopulares, pero necesarias. Ahora ya no vale prometer a cada uno lo que quiere oír, mientras se dejan rodar las cosas. Me gustaría saber qué va a hacer ahora el Gobierno.